El expresidente Alberto Fernández pidió, a través de una medida cautelar, que se les prohiba a los medios de comunicación y a las empresas Google, Facebook, X y Yahoo difundir sus fotos y videos íntimos, tanto los que ya se vieron como los que aún podrían verse, e incluso imágenes que le atribuyen que el asegura que son “falsas”. Fernández fundamentó el pedido alegando que si se dieran a conocer se estaría perjudicando el honor y la imagen suya y de sus hijos. Se presentó en el fuero civil y comercial federal, “por derecho propio” y en representación de su hijo menor, Francisco, y pidió que la cautelar se dicte con “urgencia extrema”, según informó un artículo de La Nación.
La demanda que promovió Fernández es una “acción preventiva de daños” contra el Ente Regulador de las Telecomunicaciones (Enacom) y las empresas Google, Facebook, X y Yahoo. Según la misma “hay una flagrante amenaza de difundir supuestas imágenes o supuestos videos que tienen como única finalidad ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar” su “nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad”. Y puntualiza que se vienen publicando videos “que falazmente se me atribuyen por parte de diversos medios y figuras públicas. Estas cuestiones que desde ya son falsas y maliciosas, solo buscan afectar la estabilidad familiar y salud psicofísica de mis hijos”.
Fernández también dice en el escrito: “He tomado conocimiento de que los periodistas Laura Di Marco, Luis Majul, Jorge Rial entre otros han realizado declaraciones en sus cuentas de X (ex-Twitter) sugiriendo la existencia y circulación de videos que manifiestan ser del suscripto con mujeres en situaciones incómodas”. Y dijo: “Estas afirmaciones y la difusión de dichos videos pretenden generar un daño a mi persona, a mis hijos, a nuestra privacidad y reputación familiar”. La semana pasada circuló la versión de que existirían imágenes del expresidente con una mujer en el ascensor de la Casa Rosada.
El expresidente pide “una orden de cese de difusión que impida a los medios y a las figuras públicas” la “difusión de los videos publicados y de los futuros que pudieren aparecer”, así como de “cualquier contenido” relacionado con él o su familia”. Pero no solo eso, solicita “la eliminación de todas las publicaciones en redes sociales y otros medios que contengan estos videos o referencias a los mismos” y que se dispongan las “medidas necesarias” para “evitar la propagación de material personal no autorizado”.
Fernández pone como argumento “la protección del derecho a la privacidad y a la integridad de los derechos del niño, contemplado por la legislación nacional y en los tratados internacionales sobre derechos humanos”. Dice también que los derechos en juego son “verosímiles y casi evidentes” y que la urgencia de la tutela judicial “es esencial”. Que están en juego los “derechos personalísimos” de sus hijos y dijo que si bien “la libertad de expresión es una garantía”, la Corte Suprema tiene dicho que “todas las personas tienen derecho a la intimidad, inclusive las personas célebres” y que “la libertad de prensa no es un derecho absoluto”.
También, en esa línea establece que existe “una innegable urgencia en desarrollar una ética de los medios de comunicación social que les posibilite encontrar sus propios límites sin avanzar sobre derechos personalísimos”.
“Esta parte no pretende atacar la libertad de expresión, muy por el contrario, vive de ella”, afirmó. “Esta parte quiere, solicita, implora, se protejan sus derechos personalísimos, se establezca que la libertad de expresión no es libertad de pregonar el odio e incitar a la violencia”, agregó el ex mandatario, quien afirmó estar siendo dañado “en los más profundo”, que tiene un “dolor en su ser íntimo” y que él y sus hijos sufren “ataques, injurias y amenazas”. “Me encuentro entre la espada y la pared, entre no poder seguir difundiendo mi actividad lícita que permite llevar el pan a la mesa y seguir sufriendo día y noche las afectaciones relatadas”, manifestó.
La causa judicial promovida por el expresidente está ahora en la fiscalía. La misma deberá expedirse “sobre la competencia”; es decir, dictaminar si es un caso que le corresponde tratar al fuero en el que fue presentado.
