El Senado de la Nación trató este jueves el proyecto opositor de reforma jubilatoria y lo aprobó tras la media sanción que se obtuvo en Diputados. La oposición se impuso con 61 votos afirmativos, mientras que hubo 8 negativos por parte del oficialismo.
Así, se sancionó una nueva ley de movilidad jubilatoria que busca recomponer la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados durante el mes de enero, cuando la inflación fue del 20%. En ese entonces, el Gobierno de Javier Milei reconoció solo un aumento del 12,5% para este sector de la sociedad.
La iniciativa opositora planteó de esta forma un aumento del 8% en los ingresos de jubilados y pensionados, lo que garantiza un haber mínimo de 285.000 pesos. Ahora, se espera que el presidente Javier Milei vete la ley, como la ratificó esta tarde, debido a que considera que tiene un costo fiscal alto, de 0,4% del PBI.
“No voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario. A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita”, dijo el presidente el 4 de julio pasado.
Las principales claves de esta nueva ley
La nueva ley de movilidad jubilatoria tiene como objetivo eliminar la formula que había impuesto Javier Milei con el DNU 274 y recomponer los haberes previsionales de sus beneficiarios. Sus principales claves son:
- Esta medida va a actualizar los haberes de forma mensual a partir del índice de precios (IPC) que publica el INDEC.
- En esta ley, la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) estará por sobre la variación de la inflación del año anterior, por lo que si la variación hubiese sido negativa, no se aplicará ningún ajuste.
- Por única vez, los pensionados y los jubilados van a recibir un extra del 8,1% en sus haberes como parte de una recomposición. Si se le suma el 12,6% que recibieron en marzo, el número equivale al IPC de enero.
- Aquellos que cobren un solo beneficio previsonal, la ANSES le sumará un plus de carácter alimentario que igualará al valor de la Canasta Básica Total de un adulto, multiplicado por 1,09.
- Este proyecto también busca que la ANSES cancele las deudas de aquellos beneficiados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que tengan sentencia firma. La idea es que suceda dentro de un plazo de seis meses desde que se promulgue la ley y se podrá prorrogar por seis meses más.
