El Gobierno nacional modificó el programa Acompañar, que brinda asistencia a víctimas de violencia de género. El plan fue creado en el entonces Ministerio de las Mujeres, organismo que fue cerrado por la nueva gestión luego de haberse convertido en subsecretaría.
Anteriormente, para acceder a esta asistencia económica, bastaba con presentar un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con las modificaciones introducidas, las personas deberán también acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género.
“Podrá requerir la prestación toda persona residente en el país que sea ciudadana argentina nativa, por opción o naturalizada; o extranjera con residencia permanente en la República Argentina, a partir de los 18 años de edad”, establece el nuevo artículo, tal como lo hacía el anterior.
A su vez, el Gobierno redujo el tiempo durante el cual se cobrará esta asistencia económica, que será equivalente a un salario mínimo, vital y móvil. La normativa anterior establecía que este monto se cobraría durante seis meses, pero ahora el Ejecutivo dispuso que sea por un lapso de tres meses.
En su considerando, la norma alega que este programa se creó con el objetivo de “promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI+ que se encuentran en riesgo acreditado por situación de violencia por motivos de género, mediante el otorgamiento de una prestación económica y del fortalecimiento de redes de acompañamiento, destinada a cubrir los gastos esenciales de organización y desarrollo de un proyecto de vida autónomo y libre de violencias”.
Las modificaciones
A principios de junio, el Gobierno oficializó el cierre definitivo del área de Mujeres, Género y Diversidad, que durante la gestión de Alberto Fernández tuvo jerarquía de ministerio.
Tras asumir, el presidente Javier Milei realizó una reestructuración de la conformación del Estado, comenzando por la cantidad de carteras que conformaban su Gabinete. Así, el ministerio devino en subsecretaría, que quedó bajo la órbita de Justicia, a cargo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Meses después, el Ejecutivo cerró el organismo definitivamente al alegar que “fue creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlar y eventos”.
A su vez, dentro de sus argumentos para proceder con la disolución del organismo, mencionaron que “se detectó que en el área de la Subsecretaría de Género existía una clara superposición de funciones de distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea”, lo que implicaba altos costos en el mantenimiento de los edificios, estructuras y los más de 800 empleados.
“Esta decisión responde a nuestro compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado, continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía contra la violencia”, cierra el comunicado.
