El Gobierno vetó de forma total la ley de movilidad jubilatoria, a través del decreto 782/2024, publicado a primera hora del lunes en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo dejó sin efecto el proyecto de la oposición que había sido aprobado por ambas Cámaras del Congreso.
El veto ya había sido firmado por Milei el fin de semana, luego de reunirse con diferentes diputados de La Libertad Avanza (LLA) en Casa Rosada, y se esperaba que este lunes quedara publicado en el Boletín Oficial, como finalmente ocurrió.
La misma, lleva además la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos; la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello; el ministro de Economía, Luis Caputo; la Canciller, Diana Mondino; el ministro de Defensa, Luis Petri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Salud, Mario Russo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Los detalles
Entre los considerandos de la norma para justificar el veto, el Gobierno hizo hincapié en el gasto extra que implicaría para las arcas estatales la implementación de la ley. En suma, indicó que se traduciría en un gasto que no estaba proyectado en el Presupuesto de este año de alrededor de $6.160.000.000.000 para 2024 y de $15.430.000.000.000 para 2025.
“La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración”, explica la norma y agrega: “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”.
En ese sentido, advierten que “de dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos”.
Asimismo, destaca que “el proyecto de ley sancionado padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación” y que se trata de un gasto que “por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año”. “Condena a nuestros jóvenes a más emisión, deuda, inflación y pobreza”, expresó el oficialismo.
Beneficio
Al mismo tiempo, el Gobierno estableció a través del Decreto 783/2024 un bono extraordinario previsional de $70.000 para los jubilados y pensionados. Esta medida se implementó con el objetivo de compensar el impacto de la inflación en los haberes de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Será otorgado a las siguientes personas: jubilados y pensionados con haberes mínimos; beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de regímenes especiales y cajas transferidas.
El bono no será remunerativo, no estará sujeto a descuentos, y no se computará para ningún otro concepto. Los beneficios deben estar vigentes en el mes de septiembre para que los titulares sean elegibles. Además, en el caso de pensiones con varios copartícipes, el bono se liquidará a un solo titular.
