El juicio por la expropiación de YPF ya cuesta USD 17.000 millones: más de USD 1.000 millones de intereses en sólo un año

Desde que la jueza Preska condenó al Estado argentino a pagar un monto multimillonario, el país sumó una deuda por otros USD 902 millones en concepto de intereses.
Por: #BorderPeriodismo

Al mismo tiempo que el Estado argentino apela en las cortes de Nueva York el fallo por el que fue condenado en septiembre de 2023 a pagar USD 16.100 millones por la expropiación irregular de YPF en 2012, el gobierno de Milei está dejando correr los intereses que acrecientan a un ritmo de USD 2,5 millones diarios.

Esto es el costo de recurrir la decisión de la jueza Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska. “Hoy, el fallo por la expropiación de YPF rompió la barrera de los USD 17.000 millones. USD 17.001.526.450 más específicamente. Ya hemos sumado USD 901.738.157 en intereses”, señaló Sebastián Maril, CEO de Latin Advisor, a través de su cuenta en la red social X.

La causa

En el contexto del juicio por la expropiación de YPF, que Cristina Kirchner ordenó en 2012 y por el que el Estado argentino ya fue condenado en primera instancia a resarcir a accionistas privados (principalmente Burford), buscan probar que YPF, el Banco Central, el Banco Nación y Energía Argentina no son entes o empresas independientes, sino que el Gobierno maneja sus operaciones, para poder embargar sus activos.

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Preska intentará demostrar la figura del “alter ego”, o que el Estado y la empresa son lo mismo. Corre lo mismo para el Banco Central, el Banco Nación y Enarsa.

YPF fue excluida de la demanda el año pasado cuando se conoció la sentencia condenatoria. Ahora, con esta medida, Burford quiere que la empresa vuelva a ser parte de la causa para tener más poder de negociar con Argentina, que hasta el momento no demostró interés por hacerlo.

Mientras el fallo está en apelación, en una Corte de Segunda instancia, en el tribunal de Preska, Burford insiste con una serie de medidas técnicas para presionar y cobrar. Por caso, pedir embargos de activos locales en el exterior y exigir quedarse con las acciones que el Estado tiene en la empresa.

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