El oficialismo, junto a los bloques aliados, logró la media sanción de la ley de Abordaje Integral contra el Crimen Organizado, conocida también como ley Antimafias. En la votación general, la norma recibió 137 votos afirmativos, 92 negativos y ninguna abstención.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara baja que es impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, permitirá condenar con la misma pena a todos los participantes de una organización criminal, ya que se brindarán nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.
En ese sentido, la ministra Bullrich celebró en su cuenta de X la aprobación de la iniciativa que ahora debe tratar la Cámara del Senado: «La Argentina, con leyes de verdad para combatir a los que nos roban la vida, la libertad, la propiedad y el futuro del país».
A lo que continuó: «¡Gracias, Diputados! Más ley y orden para un país que ahora tiene más instrumentos para combatir a fondo los delitos».
Las reformas del Código Penal propuestas en el proyecto sobre crimen organizado se aplicarán en delitos que involucren el narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de órganos, tenencia ilegal de armas y explosivos.
Una de las modificaciones de la nueva normativa que impulsa el gobierno contempla una pena de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación ilícita que cometa ese delito.
En ese sentido, se establece que la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a la misma.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), dijo que este proyecto apunta prevenir «la integración de estas bandas con el aumento de las penas, sacarle los fondos bajo el decomiso anticipado, darle un accionar rápido a la justicia y tener un trabajo de coordinación entre provincias y Nación».
Por su parte, desde Unión por la Patria (UxP), Ramiro Gutiérrez, argumentó que rechazan la iniciativa ya que es inconstitucional y viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica».
