En las últimas horas el gobierno de Brasil envió al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación el pedido formal de extradición de los decenas de militantes y activistas seguidores Jair Bolsonaro que se encuentran en la Argentina residiendo en calidad de refugiados o que entraron de manera irregular al país para eludir la detención.
El medio Infobae confirmó que esta novedad ocurrió luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF), Alexandre de Moraes, ordenara la extradición de brasileños que protagonizaron el ataque a la sede del Gobierno y el Congreso brasilero durante la asunción del actual presidente del país vecino, Luis Ignacio “Lula” Da Silva. Los seguidores de Bolsonaro están acusados de violentar los edificios de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.
El juez Moraes lo remitió al Ministerio de Justicia y a partir de ahora, el Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional de aquél país debe evaluar si el caso se ajusta a los tratados internacionales. En estos momentos, Cancillería se encuentra evaluando el escrito.
De aquí en más, Argentina debe cruzar información con áreas técnicas para resolver la situación de las personas acusadas y constatar si se trata de “refugiados” o no ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare). Cabe destacar que la tensión ideológica entre el mandatario argentino, Javier Milei, y Lula complica la gestión.
La Policía Federal de Brasil estima que se trata de entre 50 y 100 partidarios del expresidente Bolsonaro acusados de vandalismo e insurrección que escaparon a Buenos Aires luego de que Milei asumiera el poder el pasado diciembre. La mayoría de estos militantes ya fueron juzgados y tienen condena por el Supremo Tribunal, con penas que van desde 8 hasta 17 años de prisión por intentar un “golpe de Estado”.
