La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud, Ginés González García y otros ex funcionarios por el escándalo del “Vacunatorio VIP”. Al mismo tiempo le pidió a la jueza María Eugenia Capuchetti profundizar en la responsabilidad de los que recibieron esas dosis de manera privilegiada.
Entre ellos se encuentra el ex Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el ex ministro Jorge Taiana, el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y su familia o el periodista Horacio Verbitsky, entre otros.
“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”, dijeron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens en el fallo.
Los imputados redireccionaron la voluntad estatal hacia un fin privado, nominalizando el espacio en el que debía regir un anonimato solo guiado por la necesidad de proteger a los más vulnerables. La amistad o la familia imperó por sobre quienes más necesitaban la protección frente a una de las mayores pandemias sufridas por la humanidad en los últimos años. De ahí, su responsabilidad penal.
Algunos de los imputados intentaron deslindar la responsabilidad
“Pese a que se han invocado distintos porcentajes para demostrar que se había superado ya el primer estrato de prelación para avanzar en la vacunación de los demás ciudadanos, lo cierto es que el procedimiento, a la época de los hechos, seguía siendo riguroso. No sólo aún existía un orden jerarquizado que seguir, sino que además debía observarse un estricto protocolo para acceder a la cobertura. No cualquiera, ni en cualquier momento, podía vacunarse”, dice en el fallo.
“Ciertos segmentos de la población debían aguardar su llamado, y quienes sí podían hacerlo no la recibían a su discreción, sino previo turno de rigor en el cual se habilitaban centros y horarios disponibles. En ese marco, el que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron, según el relato de hechos, cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía. Aun cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”, sostuvo el fallo.
La Cámara Federal además le volvió a encomendar a Capuchetti profundizar la investigación ya no sobre “los funcionarios involucrados, sino también de quienes se beneficiaron de ese espurio obrar” “Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación”, adviertieron.
