Un caso que tuvo como protagonista a Ivanka, la hija del presidente norteamericano, Donald Trump, demostró que el problema de no saber cómo lidiar con el conflicto de intereses no es sólo argentino. Sin embargo, en Estados Unidos los controles autárquicos funcionan y en esta nota te contamos qué pasó.
A las 7:48 del jueves 9 de febrero, Kellyanne Conway se paró frente a una cámara -la bandera estadounidense a su derecha, el logo oval de la Casa Blanca a su izquierda- para hacer un PNT de Ivanka Trump. La consejera del presidente elogió a la neoyorquina por su capacidad para “manejar el imperio familiar de bienes raíces” y desarrollar “otro negocio increíblemente exitoso que lleva su nombre”, una línea de productos de moda disponibles en casi mil tiendas. Ante la incomodidad de los entrevistadores de Fox & Friends, terminó su participación de dos minutos con una arenga potente: “¡Vayan a comprar las cosas de Ivanka! (…) Voy a hacerle publicidad gratis acá. Que todo el mundo vaya y las compre hoy. Lo pueden encontrar online”.
Seis horas después, cuando el periodista John Roberts le preguntó a Sean Spicer si Conway había “cruzado una línea ética”, el secretario de Prensa apeló a una fórmula opaca para decir que la consejera “ha sido aconsejada” sobre el asunto. Como las caras visibles de una administración que hace temblar al mundo, los protagonistas venían de una exposición feroz. El 22 de enero Kellyanne había hablado de alternative facts (“sucesos alternativos”) para justificar las cifras falsas de asistentes a la asunción de Trump que había dado el propio Spicer, de trato áspero hacia los medios desde el minuto cero del mandato.
JUST IN: @PressSec says @Kellyannepolls “has been counseled on that subject” after she told people to buy @IvankaTrump products. pic.twitter.com/M8WjOLV5Jk
— Fox News (@FoxNews) February 9, 2017
El apoyo de Conway a la hija del presidente -una reacción al boicot que incluye el retiro de sus productos de negocios como Nordstrom, Neiman Marcus, Belk, Jet, ShopStyle y Home Shopping- se convirtió en un escándalo que los republicanos aún intentan desactivar. Walter Shaub Jr., director de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE) le avisó esta semana a la Casa Blanca que “hay fuertes razones para creer que la señora Conway ha violado los estándares de conducta y que se justifica una acción disciplinaria”. Los empleados del Poder Ejecutivo, aclaró The New York Times, no pueden usar sus puestos para una ganancia personal. Shaub fue explícito: Donald Trump todavía no hizo lo suficiente para separarse de sus intereses comerciales. El propio presidente había echado leña al fuego el 8 de febrero, al tuitear que “mi hija Ivanka ha sido tratada tan injustamente por Nordstrom. Es una gran persona, siempre empujándome a hacer lo correcto. ¡Terrible!”
Las cartas de Franco y Mauricio
El affaire Conway es un “ejemplo de lo que debe ser una reacción ágil y oportuna de un órgano anticorrupción frente a un conflicto de interés”, plantea Manuel Garrido, hoy fiscal en la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras. El ex titular de la la Oficina Anticorrupción (OA) argentina explica que “la OGE está muy activa en medio de una hecatombe y Trump, que no está dispuesto a respetar ciertas reglas de juego, no puede sacar a su director”. (Shaub tiene mandato hasta 2018, en un esquema pensado para que los jefes anticorrupción no dependan del presidente). Cuando estuvo a cargo de la OA, Garrido tuvo “mucho intercambio” con sus pares del norte, de quienes buscó aplicar criterios para detectar conflictos de interés. El contacto era tan fluido, bromea ahora, que “hasta llevamos al ex director Stephen Potts, un viejo republicano, a comer al bodegón El Obrero”.
Es difícil saber cómo habría reaccionado la OGE si le hubiera tocado un caso como el del Correo Argentino, que ya se judicializó. El fiscal Juan Pedro Zoni imputó al presidente Mauricio Macri y al ministro de Comunicación, Oscar Aguad, por una quita que, según la fiscal Gabriela Boquin, es del 98,87 por ciento de la deuda que el grupo familiar mantiene con el Estado. La funcionaria advirtió sobre los evidentes conflictos de intereses en el trato, además de presentar cálculos técnicos que fundamentan que el acuerdo era “ruinoso” para el Estado. Los dirigentes de Nuevo Encuentro, impulsores de la denuncia penal, también pidieron investigar si Mauricio Macri conserva el usufructo de las acciones, pese a haberlas cedido a sus hijos en 2009. En ese caso, el beneficiario de la quita sería el mismo presidente.
Mientras el Gobierno busca impulsar una auditoría con legisladores oficialistas, los diputados de la oposición quieren citar a Franco Macri (principal beneficiario de la decisión) y a Laura Alonso (secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a cargo de la OA). Este miércoles fracasó un primer intento.
Sin rodeos, Garrido se pone cáustico y define el acuerdo como “una truchada. Trataron de eludir todo pero saltó. No me cabe duda de que [Mauricio] Macri sabía. No iban a resolver algo así sin preguntarle. Estamos perdidos. Condenados al éxito. Siempre igual”.
¿Confía en que haya avances desde la OA?
Ojalá. Pero ya es tarde. En todos los casos de conflicto de interés es recomendable que haya recomendaciones preventivas para que se eviten posibles infracciones.
¿Qué tendría que haber hecho?
Garantizar la intervención y opinión de otros órganos o expertos, para que se discutiera la propuesta de manera amplia y transparente. Un dictamen del procurador del Tesoro, entre otros. Hace 15 años pido una reforma de la Ley de Ética, especialmente sobre este tema. Es una norma muy confusa.
¿Cómo debería haber actuado el Gobierno?
Podrían haber nombrado un equipo con miembros de la oposición, de los distintos poderes o con personas respetables. Sacar la decisión del Ejecutivo, que es el que tiene el conflicto. Pero prefirieron manejarlo en las sombras.
Ser y parecer
Más allá del Correo, los Macri siguen en vilo por los Panamá Papers. El 1 de febrero el fiscal Federico Delgado pidió que la investigación se extienda a Franco, que a fines de 2016 había tratado de desvincular a Mauricio de las firmas radicadas en paraísos fiscales. Delgado quiere saber si el aporte de 9,5 millones de pesos a dos sociedades offshore, en cuyos directorios aparece el presidente, puede relacionarse con maniobras de lavado. “Si bien todas las causas deben resolverse en un tiempo razonable”, apuró al juez, “la trascendencia institucional de esta requiere un esfuerzo mayor”.
Pero las sospechas exceden a la familia presidencial. Aún dentro del oficialismo, hay varios integrantes de Cambiemos en la mira. Entre el 10 de diciembre de 2005 y mediados del año pasado, la OA “abrió averiguaciones sobre posibles incompatibilidades y conflictos de intereses de 22 funcionarios que provienen, en gran número, de altos cargos empresariales”, según precisó La Nación. Aunque “no se detectaron incompatibilidades que impidieran a los funcionarios el ejercicio de sus tareas”, hubo recomendaciones para que se tomaran “recaudos”.
Entre quienes recibieron aquellos consejos estaban el ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien había dirigido la consultora APL, de asesoramiento de empresas; la Subsecretaría de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, Carolina Castro, con acciones en compañías cerealeras y de autopartes; el subsecretario de Vínculo Ciudadano, Guillermo Riera, dueño de la consultora de comunicación G-Digital, y el presidente y la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici y María Talerico, con presuntos vínculos con firmas acusadas de lavado.
El ministro más involucrado en estos conflictos potenciales fue Juan José Aranguren. El hombre encargado de diagramar, instrumentar y comunicar los sucesivos aumentos en los servicios públicos mantuvo hasta septiembre de 2016 acciones de la petrolera Shell por 16 millones de pesos. Decidió venderlas por recomendación de la propia OA, después de que Laura Alonso calificara su caso de “complicado”. Cuando anunció la noticia, Mauricio Macri dijo que valoraba el gesto, porque “a veces las formas también cuentan”.
