El juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 obligó este viernes a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a que garantice el «abastecimiento adecuado de alimentos» a los grupos vulnerables. Se trata de un capítulo más en la causa iniciada por las demandas colectivas de organismos civiles y sociales en favor de los comedores populares, liderada por el dirigente social Juan Grabois.
Esta decisión fue tomada por el juez federal Walter Lara Correa quien detacó “la importancia de mantener las políticas públicas alimentarias vigentes para garantizar este derecho fundamental”, en el marco del amparo colectivo iniciado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Según resolvió el juez, la continuidad de esta política «no representa un privilegio para sus destinatarios/as”, si no “una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, a fin de que la Administración Pública Nación no incurra en responsabilidad internacional”.
El fallo agrega que el Gobierno nacional debe mantener actualizado el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (Renacom) y actuar rápidamente para que las organizaciones que tienen convenios en trámite accedan a los alimentos, y pidió «depurar» esta lista, dando la razón a Pettovello en su denuncia sobre una serie de comedores que “no existían” pero que recibían alimentos, considerando que el Estado debe aplicar “las pautas concretas que crea necesarias en el marco de su ‘sana discrecionalidad’ y de sus competencias específicas, exclusivas, propias y excluyentes”.
El magistrado le exigió a Capital Humano, área que conduce Pettovello, que presente informes mensuales sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas como el “Plan Nacional Argentina Contra el Hambre”, el “Programa Alimentar Comunidad”; el “Programa Prestación Alimentar” y el “Programa Abordaje Comunitario PNUD ARG 20/004”.
Lara Correa reconoció que el Poder Judicial no debe intervenir en decisiones «técnicas y operativas» del Poder Ejecutivo; pero en otro tramo del fallo establece que «el carácter de los proyectos sociales no deben ser discriminatorios y, por consiguiente, tienen que incluir todas las iniciativas posibles para apoyar los subsidios sociales encaminados a mitigar el posible aumento de las desigualdades e impedir que se vean afectados los derechos de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados».
La resolución indica que “El Estado tiene un amplio margen de discrecionalidad con respecto a qué medidas o políticas son más oportunas, convenientes o eficientes” por lo que el Ministerio mantiene su autonomía en la gestión de los programas, como lo habían solicitado anteriormente los ex representantes de la Subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni y Ariel Romano.
Al conocerse la resolución de la Justicia el CELS destacó el amparo colectivo presentado en febrero, cuando Grabois denunció a Pettovello por «incumplimiento de los deberes de funcionario» y «violar normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza», reclamando que Capital Humano debía garantizar este derecho para todas las personas que asisten a estos espacios. Más tarde, en mayo, el juez Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de los galpones de Capital Humano ubicados en la localidad bonaerense de Villa Martelli, donde la cartera tiene almacenados alimentos para los comedores, y en julio se le ordenó al área conducida por Pettovello que “garantice la continuidad de los programas y planes alimentarios que brindan los espacios comunitarios”.
A través de un comunicado, el CELS declaró: «A diferencia de lo que sostiene el gobierno, las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas no son suficientes para resolver la integralidad y multicausalidad de este problema, no mitigan los efectos del fuerte aumento de la pobreza y la desnutrición, ni alcanzan para rebatir los efectos del retiro del Estado en los servicios sociales y en el apoyo a las organizaciones territoriales”.
