Se suma un nuevo capítulo a la causa que investiga si existieron comedores fantasmas durante la gestión de Alberto Fernández. En los últimos días, la Oficina Anticorrupción, que es querellante en la causa que busca determinar si se produjo la compra irregular de alimentos por parte de las asociaciones civiles, sumó una presentación clave donde se aportan pruebas que demuestrarían que en las rendiciones de gastos de las organizaciones sociales a cargo de los comedores se observa que comedores ubicados en Chaco y Formosa y otras provincias del norte y centro del país compraban alimentos a comercios ubicados a cientos de kilómetros, en las provincias de Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego.

En el expediente, el cual  lleva adelante el fiscal Ramiro González, se investiga el posible delito de “defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. 

Todo comenzó a comienzos de 2024. Las autoridades del Ministerio de Capital Humano denunciaron que luego de realizar una auditoría determinaron que el 32% de los comedores inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM) no funcionaba más. También puntualizaron que el 25% de los datos de preinscripción no coincidían con los datos reales y el 16% nunca habría funcionado como comedor.

La Oficina Anticorrupción, bajo la conducción de Alejandro Melik señaló en la causa a la Asociación Civil 18 de Mayo que en dos expedientes dijo tener a su cargo 159 comedores/merenderos en provincias del centro y norte del país. Dicha organización era provista de millones de pesos de parte del Ministerio de Desarrollo Social para la compra de alimentos. Sin embargo, en la presentación de la OA se destacaba que en las rendiciones de cuentas, la Asociación Civil 18 de mayo dijo haber comprado alimentos en provincias del sur del país para comedores que estaban ubicados en el otro extremo. La hipótesis sería que se trate de una maniobra para simular una factura por alimentos que nunca se compraron y cuyo dinero fue utilizado con otro destino.

Según informó el periodista Bruno Yacono en una nota del medio TN, uno de los ejemplos que el gobierno da de estas irregularidades es la compra de muzzarella, ricota y queso cremoso que hizo la Asociación Civil 18 de mayo a la empresa Global PVC SRL por casi $50.000. La empresa en cuestión está ubicada en Puerto Madryn, pero la asociación en cuestión dijo tener a cargo comedores en Santa Fe, Salta, Misiones, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Córdoba, Catamarca, Chaco, Formosa y Buenos Aires.

Para la OA, las pruebas demuestran “la existencia de una maniobra defraudatoria en perjuicio del erario público, llevada adelante por miembros o referentes de distintas organizaciones sociales que recibían dinero y/o alimentos secos con destino a comedores y merenderos a los que representaban”. “Ello, sin perjuicio de la posible intervención de funcionarios del ex Ministerio de Desarrollo Social, quienes en el marco de sus competencias habrían omitido efectuar los controles previos y posteriores al otorgamiento de los subsidios, permitiendo de ese modo el lucro indebido de terceros, en detrimento de los intereses del Estado”, manifestaron, alegando que no existía un control efectivo por parte del Estado sobre los comedores y merenderos para verificar si realmente recibían los alimentos que las organizaciones decían comprar. 

Desde la Oficina Anticorrupción pidieron una serie de medidas de prueba solicitaron a la Justicia profundizar la investigación para determinar si parte de esas sumas fueron o no destinadas a la compra de alimentos en cuestión y si se distribuyeron correctamente.