Continúa la investigación sobre irregularidades en los comedores populares que lleva adelante la Oficina Anticorrupción. Ahora, se detectó que en la rendición de cuentas de la “Asociación Civil 18 de Diciembre por el Inmigrante” hay una factura por la compra de barbijos que fue emitida el 6 de enero de 2021 por una persona que figura como empleado de la Municipalidad de San Vicente. La factura encontrada era la número 1 y la persona apuntada se había inscripto al monotributo apenas tres meses antes, tal y como se detalla en un artículo del medio Infobae.
La misma organización aportó facturas de otro empleado municipal que trabajaría para Lomas de Zamora, y emitió dos facturas en junio de 2021 por la venta de alimentos, que luego fueron firmadas por Santiago Vestfrid, titular de la Asociación Civil. De acuerdo a la información extraída de bases de datos comerciales, el empleado municipal, de 58 años, aparece registrado ante la AFIP en los rubros “emisión y retransmisión de radio” y “servicios complementarios de apoyo turístico”.
El informe completo sobre las irregularidades que la Oficina Anticorrupción, que actúa en este expediente como querellante, afirma haber encontrado forma parte de la causa judicial que fue delegada en la Fiscalía a cargo de Ramiro González.
El organismo a cargo de Alejandro Melik, que actúa en ese expediente como querellante, sostuvo que hay pruebas suficientes para avanzar con imputaciones concretas contra referentes de distintas organizaciones sociales que estaban a cargo de los comedores, como parte de una maniobra de defraudación, así como también son señalados en la causa los ex funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, por no haber controlado debidamente el funcionamiento ni las rendiciones de los comedores. Hasta ahora la causa no tiene imputados concretos.
Entre las irregularidades que la OA afirma haber detectado, se encuentran una factura clonada – dos proveedores de la provincia de San Juan que emitieron facturas por los mismos montos el mismo día – y la repetición de proveedores en las distintas organizaciones.
Además, en varias de las rendiciones analizadas por los investigadores de la OA aparecieron proveedores inscriptos ante la AFIP en otros rubros, como en el caso de JMS, estaba habilitado para realizar actividades de “servicio de transporte automotor de mercaderías a granel N.C.P”, pero facturó por venta de alimentos. También está el caso de una carnicería que desde 2013 está inscripta para la “venta al por menor de carnes rojas, menudencias y chacinados frescos”, y que emitió facturas con productos de almacén en cantidades de venta mayorista. Además, su titular sería empleado de la Cámara de Diputados bonaerense.
No es el único empleado estatal detectado, ya que el informe también cita el caso del dueño de la verdulería “La Familia” que cumple funciones en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
La OA pidió hace unos días que se cite a varias personas y se le pida colaboración a la Inspección General de Justicia (IGJ), al INAES, y a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas para avanzar en la investigación. Sin embargo, la Fiscalía respondió que “no hay elementos para adoptar ese tipo de medidas (…) más aún cuando resta analizar la gran cantidad de prueba aportada por el Ministerio de Capital Humano”.
