La provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, no se adhiero al blanqueo nacional de capitales que impulsó el gobierno de Javier Milei con el objetivo de dinamizar la economía del país. El mandatario provincial omitió el blanqueo en el proyecto de ley impositiva que envió a la Legislatura y tampoco considera hacerlo por medio de alguna otra iniciativa.

Esa negativa le brinda a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) la facultad para cobrar los impuestos provinciales que podrían esquivar algunos de los contribuyentes que se hayan lanzado a “lavar” sus activos bajo el amparo del esquema nacional.

Esta postura busca desalentar la recurrencia de regularizaciones fiscales, que según el gobierno provincial, perjudican la cultura tributaria. Sin embargo, esta decisión podría tener consecuencias para los contribuyentes provinciales que ya ingresaron al blanqueo. Los contribuyentes bonaerenses, a partir de ahora, podrán verse afectados por las retenciones de Ingresos Brutos.

Cabe recordar que con la primera etapa del blanqueo concluida, ingresaron alrededor de u$s 19.000 millones en unas 300 mil cuentas especiales de regularización de activos. La segunda fase, con una alícuota del 10% sobre el excedente de u$s 100.000, permanecerá abierta hasta el 7 de febrero de 2025, para quien se atreva a entrar en la ronda.

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ratificó la posición de la administración bonaerense en relación al blanqueo promovido a nivel nacional. “La provincia no tiene ninguna obligación de adherir al blanqueo”, manifestó Bianco en una entrevista con El Destape, a la vez que resaltó que, aunque la medida “se está evaluando, no está en prioridad hacerlo”. El funcionario, además, se mostró dudoso respecto a la legalidad del fondo que sustenta esta política: “Habrá que ver la legalidad de ese fondo también, entiendo que entraron algo así como 20 mil millones de dólares, pero desde la provincia no tenemos pensado ingresar al blanqueo”.