El Congreso de la Nación está en sus últimos días de sesiones ordinarias y parece que el PRO deberá esperar otro año para poder avanzar con el proyecto de Ficha Limpia que impedía acceder a cargos públicos a quienes tuvieran una condena penal por delitos dolosos graves puedan ser candidatos a cargos públicos electivos.
El proyecto contaba con el apoyo de LLA y la UCR. La iniciativa cobró una nueva aceleración después de que Casación ratificara la condena a Cristina Fernández de Kirchner por la Causa Vialidad. Sin embargo, hoy no se pudo: el partido de Mauricio Macri quedó a un diputado de poder lograr que se debata.
Pasados los 30 minutos desde el inicio de sesión, el tablero indicaba 128 presentes y el presidente de la Cámara, Martín Menem, no hacía lugar al pedido del Pro de prorrogar 15 minutos y se caía la sesión.
Los ausentes
Por el oficialismo no estuvieron Marcela Pagano (está cursando un embarazo). Por el PRO los diputados Alejandro Finocchiario y Anibal Tortoriello.
Por el bloque de Encuentro Federal el ausente fue Florencio Randazzo, Natalia De la Sota, Jorge Avila y Alejandra Torres. El diputado Esteban Paulón llegó justo un minuto tarde.
Sin embargo, en la conferencia de prensa de ayer del diputado José Luis Espert este señaló que no se realizaba la Comisión de Presupuesto porque no había acuerdo con los gobernadores. Esto cambió el escenario y varios legisladores que iban a acompañar hoy prefirieron no hacerlo.
Un ejemplo de esto es el bloque Innovación Federal, que hace 10 días acompañaba y hace 24 horas hizo saber que la prioridad de los sus gobernadores era tratar la ley de Presupuesto. Lo llamativo también fue la ausencia de los tres diputados de Tucumán.
El proyecto, que ha sido reclamado días atrás por el ex presidente Mauricio Macri, propone que la inhabilitación de los políticos comience desde que exista una sentencia condenatoria, aunque no esté firme, siempre que sea confirmada por un órgano judicial superior. Esto incluye delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros. La confirmación judicial sería responsabilidad de la Cámara de Casación.
