La justicia brasileña sentenció “con carácter definitivo” que los datos brindados allí por arrepentidos no podrán ser utilizados por la justicia argentina, después de que estos sean solicitados por los tribunales argentinos para aportar a tres expedientes que se tramitan en Comodoro Py por coimas en AySa.
Así, la causa por blanqueo de activos que se inició a partir de confesiones de los mismos directivos de Odebrecht está en peligro dentro de la Argentina tras la anulación de una gran cantidad de pruebas vinculadas al Lava Jato. Recordemos que algunos de estas autoridades admitieron haber pagado sobornos en 12 países para obtener obra pública.
En el país hay tres expedientes que están cerca de llegar a la instancia de juicio, pero que ahora se desvanecen luego de la definición de la Justicia de Brasil sobre los datos y declaraciones que sostienen la causa en el país vecino.
Anamara Osório Silva, Procuradora Regional da República y secretaria de Cooperación Internacional, informó al Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) a través de un documento firmado donde se advierte que no se enviará documentación que había sido solicitada previamente por el TOF 7 de Argentita con el convenio de cooperación firmado entre el Ministerio Público Fiscal brasileño.
Cabe destacar que este tribunal en nuestro país tiene a su cargo la realización del juicio de la causa Odebrecht sobre corrupción en la asignación de dos plantas potabilizadoras de AySA, a través de la Unidad Transitoria de Empresas (UTE) integrada por la constructora brasileña y compañías argentinas.
Entre los principales acusados se encuentran Julio De Vido, Roberto Baratta, José López y Jorge «Corcho» Rodríguez. A este último se lo acusa de haber gestionado las coimas que supuestamente habría pagado Odebrecht.
Según los detalles en la causa, Rodríguez fue el intermediario entre brasileños y argentinos por medio de la firma uruguaya Sabrimol Trading, que recibió más de 6 millones de dólares. De la suma total, gran parte habría terminado en manos de las autoridades de la gestión K.
En este contexto, la Procuración General de Brasil afirmó que los requerimientos de la justicia federal argentina “está intrínsecamente relacionado las pruebas oriundas de los sistemas informáticos Drousys y My Web Day B”, declarados como «inservibles» por el Supremo Tribunal Federal.
De esta forma, se hace la «declaración de inservibilidad de los elementos de prueba obtenidos a partir do Acuerdo de Delación 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado por Odebrecht, y los sistemas Drousys y My Web Day B, como todos los demás elementos que de prueba en qualquer ámbito de cualquier jurisdicción”, por lo que se impide colaborar con pruebas que están cuestionada y anuladas.
El «Corcho» Rodríguez decidió presentarse en la justicia de Brasil, donde aseguró que las acusaciones están “basadas en elementos indicativos y probatorios considerados inútiles” por su posible manipulación y falta de cadena de custodia. En este sentido, el argumento se basa en los datos obtenidos por intermedio de los sistemas informáticos y las declaraciones de Luis Antonio Mameri, un ex directivo de Odebrecht que se había acogido al instituto del arrepentido.
Cuando el lobbista acudió a la Justicia del país vecino, el ministro José Antonio Dias Toffoli respondió que “la acción penal utiliza pruebas consideradas inútiles por esta Corte Suprema”.
Así mismo vale la pena resaltar que los sistemas Drousys y MyWebDay de Odebrecht almacenan sus datos en los Estados Unidos, “todo ello al margen de la legislación», según se dio a conocer en Brasil. El MyWebDay también era un programa «a través del cual se generaban y alimentaban hojas de cálculo para, supuestamente, controlar y organizar el pago de ventajas indebidas”, se detalló.
