El Gobierno de Javier Milei delinea una estrategia para intentar que Cristina Kirchner devuelva el plus de su jubilación por “zona austral”, que al mes de noviembre equivalía a unos $5.960.860.
La polémica se inició luego de que Mariano de los Heros, titular de ANSES, confirmara que la exvicepresidenta tenía una bonificación en su jubilación de privilegio por tener domicilio en Río Gallegos, una zona considerada como “desfavorable”, cuando en realidad residía en la Ciudad de Buenos Aires.
La noticia provocó que la Fundación Apolo denunciara a Cristina Kirchner por fraude en perjuicio de la administración pública al cobrar el ítem cuando en rigor vive a cientos de kilómetros de su supuesto sitio de residencia. El caso quedó radicado del juzgado federal 6 de Comodoro Py, subrogado por el juez federal Daniel Rafecas.
La ANSES delinea una estrategia
Busca la manera de que la exjefa de Estado devuelva ese plus en su remuneración y esta semana, le hará una consulta a la Procuración del Tesoro, que conduce Rodolfo Barra, para determinar a partir de qué momento se debe solicitar la devolución del dinero que en el Gobierno consideran “se pagó de más”.
En este sentido, se analizan dos escenarios. Uno es reclamar la devolución del plus por zona desfavorable desde la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso Vialidad, lo que ocurrió el pasado 13 de noviembre, por lo que en ese eventual panorama solo se reclamarían los casi $6 millones que cobró en noviembre.
Pero también se explora que el reclamo por la devolución del dinero contemple todos aquellos pagos que se hayan realizado a partir del momento en que se cometió el delito por el que se dictó la sentencia, es decir, desde el instante en que Vialidad comenzó a asignar millonarios fondos para las obras que luego se le otorgaban al empresario Lázaro Báez. Eso ocurrió en 2009, ya que para la Justicia Cristina Kirchner llevó adelante la maniobra a través del decreto 54/2009.
