Aguas Bonaerenses (ABSA) comenzó a intimar a los deudores con notificaciones «prejudiciales» en las que los cita a regularizar su situación o, caso contrario, anticipa que procederá a inscribir a los usuarios como morosos y complicar sus situaciones crediticias ante entidades bancarias. Lo llamativo de esto es que se trata de una empresa semipública de la provincia de Buenos Aires que no garantiza un servicio de calidad desde hace más de una década.
Muchos usuarios que recibieron las intimaciones por correo electrónico desconocen tener deudas con la empresa. Otros recordaron que están amparados por una cautelar en la que la empresa debe cobrar solo el servicio de cloacas, ya que no garantiza el agua tanto en cantidad como en potabilidad.
Mariano De Martinelli, abogado especialista en derecho de usuarios y consumidores, dijo a #BORDER que “no corresponde ese tipo de intimación que conforme con la ley y con la jurisprudencia vigente en términos de defensa del consumidor es extorsiva. La deuda nunca fue reclamada por vía fehaciente y se le tiene que otorgar (a los usuarios) el beneficio del pago del capital”.
El letrado fue claro: “Los términos de la intimación son extorsivos y eso está fuera de ley de defensa del consumidor, no los habilita, es un abuso de posición dominante y en tales términos de la ley, no lo permite”.
El presidente de ABSA es Hugo Antonio Jorge Obed, pero en su muro de la red social LinkedIn se presenta como Hugo Antonio Obed Schilling, donde suprime uno de sus nombres, pero se agrega su apellido materno. En las gacetillas de prensa de la empresa, sin embargo, solo es mencionado como Hugo Obed. En el muro de esa red de ofertas laborales se presenta, además, como «Geólogo». Fue designado en el cargo durante la gestión de Axel Kicillof.
Aguas Bonaerenses S.A es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, la empresa brinda estos servicios esenciales a 2,6 millones de personas, pero la potabilidad del agua que emana de las canillas está en duda.
Una pelea que llegó a la Corte
El 6 de noviembre del año 2019, por mayoría, la Suprema Corte bonaerense, en un fallo polémico, afectó la seguridad jurídica de miles de familias de la zona norte de La Plata al tiempo que sentó un peligroso antecedente para todos los usuarios y consumidores de la provincia de Buenos Aires al determinar que los juzgados municipales no pueden actuar en casos de reclamos ante empresas de servicios públicos provinciales.
El expediente llegó a la Corte provincial porque la Fiscalía de Estado, a cargo del radical Hernán Gómez, planteó la nulidad de la resolución dictada por el juez de Defensa de Usuarios y Consumidores de La Plata, Dante Rusconi, que ordenó a la empresa suspender el cobro de la tarifa de agua hasta que se demuestre que es apta para consumo humano y la entrega de agua potable en bidones, que los usuarios deben retirar de las delegaciones municipales.
En la polémica resolución hubo tres posturas distintas. La minoritaria fue la del entonces presidente de la Corte, Eduardo Néstor De Lázzari (ya fallecido), quien entendió que el juez municipal actuó dentro de sus facultades y confirmó la sentencia en todos sus términos, pero ninguno de los restantes ministros cortesanos lo acompañó.
Ante este revés judicial para los usuarios de La Plata, la comuna presentó el recurso de apelación legal en tiempo y forma por entender que lo resuelto por la cabeza del Poder Judicial provincial es “un claro perjuicio hacia los habitantes”.
Fuentes municipales recordaron que “se acreditó mediante estudios técnicos idóneos que el agua de red provista por ABSA a los usuarios residentes en la zona de incumbencia, presenta cloruros y sólidos totales muy por encima de los valores tolerables y establecidos en la legislación vigente”.
Claramente el agua provista no reúne las condiciones mínimas e indispensables necesarias para satisfacer las necesidades humanas y muy por el contrario significa un serio riesgo para la salud y el medio ambiente.
Cabe aclarar que el referido juez Rusconi actuó en el pleno uso de sus facultades, las cuales se encuentran contempladas no sólo en la ley de defensa del consumidor, sino también en el Código de Faltas Municipales y en el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
La preocupación de miles de familias afectadas son las abultadas deudas que la empresa reclama mediante correos electrónicos de dudosa legalidad, al tiempo que amenaza con acciones judiciales como promesa de castigo ante el desconocimiento de la liquidación realizada por ABSA sin control de nadie.
Agua mala
ABSA enfrenta una ola de críticas por la calidad del servicio que presta en distintas localidades de la provincia. Vecinos de ciudades como La Plata, Bahía Blanca y Berisso reportan cortes prolongados, baja presión y agua de mala calidad, afectando tanto el consumo humano como las actividades cotidianas.
En La Plata, residentes del casco urbano y de los barrios periféricos denuncian la falta de soluciones pese a las reiteradas quejas. “El agua sale marrón y con olor. No podemos lavar los platos, menos tomarla”, expresó Mariana López, vecina de Tolosa. Casos similares se replican en Bahía Blanca, donde varios barrios han pasado días sin suministro
A las fallas recurrentes se suma el aumento en las tarifas, que genera aún más malestar entre los usuarios. Exigen que la empresa realice inversiones reales para mejorar la infraestructura. Mientras tanto, los inconvenientes persisten, dejando a millones de bonaerenses sin acceso al agua potable y ahora los intima a pagar por un servicio que no garantiza.
