Otro femicidio que conmociona. Otra vez, una medida judicial que liberó a un violador condenado. Antecedentes legislativos y reacciones espasmódicas. Còmo se aborda una preocupación creciente en el mundo y las recomendaciones de la ONU. El avance de Bolivia e Italia.
Micaela García apareció muerta en un descampado cerca de las inmediaciones de Gualeguay y su nombre se volvió otra vez consigna. Otro caso que tuvo en vilo al país por varios días. Otro final trágico. Otro femicidio. Y otra vez, la mira que se trasladó a la actuación de la Justicia. Esta vez, el juez Carlos Alfredo Rossi había dispuesto la libertad ambulatoria del acusado del crimen, condenado por dos violaciones anteriores. Un escenario repetido y la misma pregunta: qué hacer con quienes cometen este tipo de delitos que conmocionan a una sociedad sensibilizada por el desamparo de las mujeres. Y más aún, cómo evitar que los casos, como el de Micaela, se repitan. Para tomar perspectiva, en #BORDER analizamos cómo se aborda este flagelo creciente en el mundo.
Para sorpresa de muchos, uno de los países que más ha avanzado en la temática es Bolivia. Con más de 270 femicidios en dos años, en 2013 sancionó la ley que dispuso al femicidio como un acto delictivo. Además de diferenciar 17 tipos de violencia de género, desde la laboral hasta la doméstica, aseguró la gratuidad de todo el proceso judicial de las mujeres denunciantes. Todo lo contrario de lo que ocurre en México, donde la cantidad de víctimas por violencia de género asciende a 7 por día, que tan solo realizar la denuncia puede llegar a costar 120 dólares.
“No tienen que haber libertades condicionales», afirmó Gustavo Ferrari, ministro de justicia bonaerense, al notar los antecedentes del acusado del crimen de Micaela, a quien el juez Rossi decidió liberar cuando cumplía condenas por violación. No es la primera vez que el debate público produce espasmos en la reacción legislativa, como sucedió ante otros casos resonantes de femicidios de similar crudeza, como el de Soledad Bargna, en 2009, como destaca el periodista @LeoTagliabue, en una precisa nota en Infobae que refiere el último intento de modificación en 2012. En Argentina, las penas van desde los 8 a los 25 años de condena, a criterio del juez.
En Colombia, luego de que el país se conmocionara con la muerte de Rosa Elvira Cely en 2012 se sancionó la ley de femicidio con la que castigaba a 50 años de prisión a quien cometiera actos de esta índole.
En Brasil, a pesar de que afirman que los recursos económicos escasean, el número de servicios especializados en atención a la violencia de género creció un 161,75%. Algo que ayudó a concientizar, aunque las tendencias sigan creciendo a tal punto de colocar a Brasil como el quinto país con mayor tasa de crímenes sexistas llegando a 15 muertes por día.
Las medidas que se toman para combatir a la violencia de género son recientes, por eso, muchas mujeres tienen miedo de denunciar ya que creen que serán ignoradas. En Europa, el 25% ha confesado ser víctima de violencia de género. De cara al futuro, el viejo continente avanza en un burocrático «Plan de Acción en materia de Género». Para este año, buscan llegar a las víctimas en las zonas más remotas y frágiles.
En España, el 86% de los condenados no llegan a la cárcel debido a que se les otorga el beneficio de trabajos comunitarios, por lo que la reincidencia es alta. Por esta razón la violencia de género allí está en ascenso, a tal punto que en los últimos años se han registrado 801 muertes.
En 2013, Italia aprobó que las denuncias de violencia de género sean irrevocables, para evitar la presión de los victimarios, que lograban que las mujeres abandonaran los procesos judiciales, por miedo o amenazas. Además, en el mismo decreto, se contempló el aumento de un tercio en las penas para estos delitos si se cometen en presencia de un menor de edad, si la víctima está embarazada o si el agresor es su cónyuge o ex pareja. Además, la policía puede echar al denunciado del hogar común, ante riesgo de integridad física de la mujer.
A pesar de que las sociedades intentan, por lo menos, erradicar la violencia a través de leyes, organismos, concientización en escuelas, hay países que atrasan. Es el caso de Rusia que hace dos meses sancionó una controvertida ley. A partir de ahora las agresiones no merecerán penas de cárcel y serán castigadas con sanciones económicas o trabajo comunitario, a menos que el atacante sea reincidente.
Hasta hace 3 años, en Marruecos, un violador podía quedar absuelto si la víctima se casaba con su agresor. Esto generó que los ataques sexuales crecieran y por diversos aspectos, desde psicológicos a culturales, se repetía la escena de que víctima y victimario terminaran juntos, en un claro ejemplo de la opresión a las que las mujeres eran sometidas.
ONU Mujeres, una división de la organización mundial que lucha contra la desigualdad de género, estableció que existen 16 medidas que hay que tomar para poner fin a la violencia contra las mujeres. Entre ellas está la de involucrar a los medios de comunicación en la creación de una opinión pública y en poner en tela de juicio las normas de género perjudiciales contra las mujeres. Algo que Argentina ha hecho formalmente en 2009 en la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que insta en su artículo “M” a promover la igualdad en el tratamiento a hombres como a mujeres, plural y no estereotipado, además de evitar cualquier discriminación en los medios. Pero que tomó impulso real con la aparición del colectivo #NiUnaMenos, impulsado con importante presencia de mujeres periodistas.
Argentina desde hace diez años ha creado leyes que han intentado mermar la violencia de género. El primer escalón fue la resolución 314/2006, que creó el programa «Las víctimas contra las violencias», constituido por un equipo de operadores especializados que mantienen todos los días la línea 137 que funciona como medio de denuncia. En marzo de 2009 se sancionó la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Pero aún hoy una hay artículos que no han sido reglamentados, un reclamo constante del colectivo de mujeres.
Pese a las distintas leyes con penas cada vez más duras contra los agresores, las víctimas siguen en aumento, por lo que, a simple vista, hay algo que no funciona. La lucha por la simple idea de que las mujeres puedan salir a la calle tranquilas se ha vuelto parte de la agenda urgente del país y del mundo. Las medidas son miles; los resultados escasos.