La jueza federal Sandra Arroyo Salgado envió un exhorto internacional para pedir la extradición del ex senador Eduardo Kuieder y su acompañante, Iara Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliaria en un departamento de lujo en Paraguay.
Esto se debe por el intento de contrabando de divisas por parte del ahora ex funcionario. La magistrada pidió la medida con fines de tomarles declaración indagatoria en el país, luego de que fuera expulsado de la Cámara alta por amplia mayoría de votos el jueves pasado, en una sesión que quedó envuelta en polémica debido a que fue presidida por Victoria Villarruel cuando el primer mandatario, Javier Milei, ya se había salido del país.
Arroyo Salgado también solicitó el traslado de ambos detenidos a su Juzgado Federal de San Isidro, incautar todos sus celulares, equipos electrónicos, y otros objetos que tenían en su poder cuando fueron interceptados por las fuerzas paraguayas en el puente fronterizo entre Brasil y Paraguay, y el allanamiento del departamento de lujo donde cumplen prisión domiciliaria.
La magistrada tomó esta decisión en el marco de la causa en la que se investiga a Kueider por presunto enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo y activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de dinero que tramita en la Justicia Federal.
La solicitud de extradición pudo ser realizado de manera formar luego de que Kueider perdiera sus fueros el jueves tras ser expulsado del Senado por una amplia mayoría de votos. Arroyo Salgado ya había librado el viernes 13 a la mañana, bajo extremo hermetismo, el pedido de captura nacional e internacional de Kueider ante Interpol para el caso en que Paraguay le diera la libertad o lo expulsara. En el caso de Guinsel Costa, la jueza se lo había dictado el mismo día de la sesión. Con esta solicitud dictada al Jefe del Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina, Interpol trató de evitar que pudieran irse a ningún otro país si fueran liberados en Paraguay.
Con esto, el objetivo es que, en ese caso, queden automáticamente detenidos en el marco del proceso que sustancia la Justicia Federal argentina.
