El Gobierno decidió eliminar la exclusividad que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) tenía desde 2019 para impartir las capacitaciones a conductores profesionales. Según datos oficiales, este monopolio representaba ingresos anuales de más de $11.000 millones para el sindicato.

Desde el gobierno aseguran que el objetivo es promover un mayor control, garantizar la calidad de las capacitaciones y optimizar el uso de los recursos, mientras se simplifican los trámites para los conductores profesionales.

La noticia fue anunciada por el secretario de Transporte, Franco Mogetta, a través de su cuenta en X, donde comunico: “Un kiosco menos del sindicalismo en la Argentina”.

En ese sentido, la medida fue adoptada mediante la modificación del artículo 71 de la disposición 48/2019, gestionada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), y permitirá que cualquier prestador habilitado pueda ofrecer los cursos, ampliando las opciones para los 55.000 conductores que deben renovar sus licencias cada año.

La Asociación para la Educación y Formación de Trabajadores del Transporte de Pasajeros (AEFTP), tenía el control exclusivo de la formación y evaluación de los choferes. Esto incluía tres tipos de capacitaciones: la APE (Aspirante Primer Empleo), con un costo de $460.000; la validación de competencias, para quienes inician en el transporte público, a $360.000; y la actualización anual, cuyo valor asciende a $59.112.

Con esta resolución, el Gobierno de Javier Milei establecerá en los próximos 10 días un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional, supervisado por la ANSV, para habilitar nuevos actores que cumplan con los requisitos.

En esa línea, Mogetta afirmó que “a partir de ahora, cualquier prestador del sistema podrá realizar los cursos”. Y agregó: “Por una disposición de 2019, quienes buscaban una licencia profesional estaban obligados a tomar un curso en una entidad controlada por la UTA. Eso terminó. Desde ahora, se abre el juego a nuevos prestadores, eliminando privilegios”.