El Gobierno anunció modificaciones en el régimen de contrataciones dentro de la Administración Nacional, aplicables a las universidades públicas. El decreto elimina la posibilidad de que las universidades nacionales sean contratadas de manera directa por entidades del Estado.
Según se detalla en el decreto 1096, el Ejecutivo sustituyó el artículo 14 del régimen actual, relacionado con la contratación directa “con personas físicas o jurídicas que se hallaren inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social, reciban o no financiamiento estatal”.
Estas medidas “serán de aplicación a los procedimientos de selección en trámite en los que no se hubiera perfeccionado el contrato o convenio respectivo”. Desde ahora, las contrataciones directas podrán ser “por compulsa abreviada o por adjudicación simple”.
En su lugar, se redefinen los criterios para contrataciones bajo dos modalidades:
- Compulsa abreviada: empleada en casos de urgencia y con varios oferentes.
- Adjudicación simple: destinada a situaciones donde solo existe un proveedor disponible.
Estas modificaciones se aplicarán a los procesos de contratación en curso siempre que el contrato aún no se haya perfeccionado.
Además, los plazos y procedimientos para las convocatorias serán más estrictos, exigiendo al menos tres días hábiles de antelación para la presentación de ofertas y la publicación en portales oficiales como COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF.
Asimismo, el decreto deroga los artículos 23, 23 bis y 24 del reglamento anterior que permitían la adjudicación directa con universidades nacionales y organizaciones de la economía social. Desde el gobierno señalaron que esta decisión se alinea con el objetivo de optimizar el uso de los recursos estatales.
