El gobierno obligará a los presos de las cárceles federales a limpiar y realizar tareas de mantenimiento de los centros de detención. La decisión se desprende de una resolución firmada por la titular de Seguridad, Patricia Bullrich.

A partir de ahora, cada detenido, tanto los que tengan sentencia firme como los procesados, tendrán que cumplir un plazo de hasta cinco horas diarias a esas actividades sin remuneración, y de no hacerlo recibirán una sanción que les impedirá el acceso a beneficios. 

La medida amplía el programa Manos a la Obra, que implementó el Servicio Penitenciario Federal. “Este lanzamiento es un punto muy importante en el camino de las transformaciones y la reestructuración del Servicio Penitenciario Federal, y de la relación que tienen las personas privadas de su libertad con la deuda que tienen con la sociedad”, sostuvo Bullrich en octubre pasado, cuando adelantó la iniciativa y realizó actividades con mujeres detenidas que iban en ese sentido. 

En los considerandos de la resolución 1346, publicada en la edición del Boletín Oficial de este miércoles, el Ministerio de Seguridad resaltó que “la ejecución de la pena privativa de la libertad tiene, entre otros fines, el de procurar la reinserción social y la reducción de la reincidencia”, según el artículo 18 de la Constitución Nacional, y los artículos 1 y 108 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.

“Las personas privadas de la libertad no son víctimas, sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual”, dice la medida, que puntualiza que “la ociosidad de los internos conlleva al aumento ostensible de los índices de violencia y alteraciones al orden, a la vez que resulta funcional a una subcultura carcelaria vinculada al delito, contraria a la legalidad y a los fines de la reinserción social”.

“Que con el fin de reparar el daño causado a la sociedad y compensar los recursos invertidos por el Estado Nacional en la articulación de un tratamiento penitenciario efectivo, es necesario que la totalidad de la población penitenciaria, en cualquier instancia de alojamiento que se encuentre, realice las actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes”, dice la medida, y suma que “corresponde que todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal participen en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios, pues ello no solo constituye un deber y una obligación de todos los internos que se deriva de lo previsto en el artículo 18 de la Constitución, en cuanto establece que las cárceles serán sanas y limpias, sino que también son actividades que se orientan a facilitar una convivencia ordenada en beneficio de la población carcelaria”.

El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, destacó en declaraciones al medio Infobae que las tareas de limpieza y mantenimiento en las cárceles “no es trabajo y esto hay que diferenciarlo bien” y que si los internos se niegan a cumplir estas tareas no podrán acceder a tareas remuneradas, cambios de celdas y otros beneficios.