La Confederación General del Trabajo (CGT) reforzó sus reclamos ante el gobierno de Javier Milei sobre la crítica situación de las obras sociales, que atraviesan un proceso de desfinanciamiento que afecta el acceso de 15 millones de personas a las mismas. 

De acuerdo a lo que alega la dirigencia de la central obrera, esa cantidad de afiliados a las obras sociales, que representa alrededor del 33,6% de la población en la Argentina incluye a los trabajadores en actividad representados por cada actividad, a unos 2.200.000 monotributistas, 130.000 mil desempleados con derecho a prestaciones y una cantidad similar de trabajadoras del servicio doméstico.

Según explicó el medio Infobae, este desfinanciamiento se explica en parte porque el Programa Médico Obligatorio, es decir las prestaciones médicas mínimas a las que están obligadas las obras sociales y las prepagas, tiene un costo promedio mensual de 45 mil pesos mensuales por trabajador beneficiario (incluyendo a su grupo familiar). Si se excluyen las prestaciones por discapacidad que son solventadas por el Fondo Solidario que administra la Superintendencia de Salud de la Nación, quedaría en un valor de 35 mil pesos mensuales por cada beneficiario aportante. Pero las obras sociales están obligadas a brindar las mismas prestaciones a otros sectores que aportan al sistema mucho menos en forma mensual y agravan su déficit: los monotributistas, 13.800 pesos; los desempleados, 14.000 pesos y el personal doméstico, 6.400 pesos.

En ese contexto, y en plena lucha de cara a las paritarias de 2025, la CGT le exigió al gobierno medidas para subsanar la situación de las obras sociales, ya que, según sostienen desde la central obrera, los salarios han sufrido una fuerte caida en términos reales frente al aumento “desmesurado” de los costos de las prestaciones médicas y medicamentos, sumado al déficit provocado por los aportes insuficientes de monotributistas, personal doméstico y desempleados, que no alcanzan a cubrir el costo mensual promedio del Programa Médico Obligatorio.

Desde la CGT cuestionaron a las autoridades sanitarias del gobierno por no dar respuesta frente a estos problemas y reclaman medidas. 

En agosto, la central obrera le envió un informe al titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, ex directivo de OSDE, y al gerente general del organismo, Claudio Stivelman, donde se realizaron propuestas para trabajar junto a las autoridades de Salud, cómo reemplazar el Programa Médico Obligatorio por una canasta de servicios de emergencia. Habrá que esperar para ver,en lo sucesivo, como se dirime el conflicto.