El Gobierno cuenta con evidencia que podría demostrar irregularidades en los contratos que la Universidad de Buenos Aires (UBA) firmó con diferentes organismos durante la gestión de Alberto Fernández.
Si bien en la actualidad la Justicia en lo Contencioso Administrativo no permite auditar los gastos de la UBA, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que conduce Miguel Blanco, pudo revisar los convenios que la casa de estudios suscribió con ministerios y empresas estatales.
Uno de estos acuerdos, firmado en 2023 entre Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, es el foco de un informe que revela las anomalías. Según el contrato, la UBA debía “colaborar” con la auditoría interna de SOFSE, tarea por la que recibió un pago de $58.529.618. Sin embargo, la SIGEN determinó que «no hay pruebas concretas de que el trabajo haya sido realizado».
Esta revisión se enmarca en la decisión del Gobierno de Javier Milei de examinar los gastos de la UBA a través de la SIGEN. La Universidad se niega a eso con el argumento de que el control interno le corresponde a la Auditoría General de la Nación (AGN), conforme la ley de Educación Superior.
El análisis del convenio expuso varias irregularidades
Primero que el SOFSE ya contaba con su propia Unidad de Auditoría Interna, conformada por 11 agentes, lo que ponía en duda la necesidad de contratar asistencia externa. Además, no se encuentra documentación que detalle cuántas personas fueron asignadas por la UBA, ni sus antecedentes profesionales.
El convenio establecía la conformación de un equipo de trabajo con supervisor, líder de proyecto, coordinadores, expertos y colaboradores, pero no hay registros de su integración. Aparte la UBA no presentó un plan de trabajo, por lo tanto, la SIGEN no puede determinar qué tareas concretas se llevaron a cabo.
Para confirmar estas investigaciones, no se hallan evidencias de análisis de documentación, identificación de riesgos, seguimiento de proyectos o colaboración en informes de auditoría, que eran las responsabilidades pactadas.
La SIGEN fue categórica en su conclusión: “No obra evidencia acerca del trabajo específicamente realizado por la UBA”. Además, la superposición de funciones entre la auditoría interna de SOFSE y la UBA genera incertidumbre sobre qué tareas fueron efectivamente realizadas por cada entidad.
