El Gobierno avanza con la denominada “motosierra 2.0″ y completó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda dispuesta en el decreto 70. La dependencia se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Economía. Con este recorte, la gestión de Javier Milei desvinculó a otros 500 empleados.
En un posteo en la red social X, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger explicó que esta normativa “transfiere a disponibilidad a la planta de la secretaría” y que la reducción de personal abarca a 500 personas, sumados los contratados. Con esas desvinculaciones -cuyo sueldo promedio era de $1 millón dijo el funcionario-, el Ejecutivo ahorrará en impuestos $6500 millones por año.
Además, el funcionario adelantó que en la misma linea se desvincularán a “un número indefinido de auditores” contratados por Hábitat a través de universidades nacionales.
“La racionalización del gasto público para poder seguir bajando impuestos y devolverle capacidad de gasto al sector privado es un imperativo que nos exige el presidente Javier Milei”, sostuvo Sturzenegger.
La medida se formalizó en la resolución 150, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El año pasado, el Gobierno recortó el financiamiento de los programas que dependían de esa dependencia y disolvió el Plan Procrear junto al fondo fiduciario que lo respaldaba.
En 2024, el Gobierno echó a 37.595 trabajadores estatales. Según datos oficiales, hubo 22.302 despidos en la Administración Centralizada y Descentralizada, 12.410 en empresas del Estado y 2883 en la categoría de personal de seguridad y militar. El funcionario respaldó la fuerte baja del gasto público, que explicó que permite bajar impuestos “sin comprometer el equilibrio fiscal”.
Según el decreto 105, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo avanzó en la derogación del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, ente encargado de calificar y capacitar a las empresas del sector y del Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas, que regulaba la promoción y contratación de servicios de consultoría con empresas privadas por el Estado.
