La diputada titular de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, prepara una agenda de trabajo para avanzar en el pedido del presidente Javier Milei de bajar la edad de imputabilidad.
La legisladora cordobesa del PRO, alineada con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, convocará a un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto el miércoles de la semana próxima al mediodía para debatir una reforma del Régimen Penal Juvenil.
El 1 de marzo, Milei insistió en la necesidad de reducir la edad de imputabilidad, argumentando que "quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias como adultos".
El proyecto que el Poder Ejecutivo presentó en junio del año pasado propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años (de los 16 actuales), pero hay otras 12 iniciativas con estado parlamentario presentadas por representantes de casi todos los bloques.
En paralelo, el Gobierno trabaja en la redacción de un proyecto para modificar el Código Penal y endurecer las penas de casi todos los delitos, incluida la prisión perpetua con la intención de que sea efectiva y no goce de los actuales beneficios de salidas transitorias.
En medio de la conmoción por el asesinato de Kim en La Plata a manos de dos adolescentes, sumado a otros crímenes que volvieron a poner en agenda el debate por la edad de ingreso a la delincuencia, Rodríguez Machado reanimará un debate que había quedado estancado en agosto del año pasado, cuando el plenario de comisiones recibió a especialistas y funcionarios.
Si bien el aspecto más resonante de la reforma gira en torno de la edad de imputabilidad, la reforma del régimen penal juvenil no se agota allí sino que también se discute qué tipo de delitos deberían ser punibles para los menores que cometan los ilícitos.
El proyecto del Gobierno propone sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto o acercamiento a la víctima, prohibición de salir del país o del lugar de residencia, prohibición de conducir vehículos, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad, entre otras medidas.
Además, postula la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
El proyecto establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua, siendo el máximo de prisión 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes. También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio.
Rodríguez Machado consideró que la iniciativa que se discute "establece, de acuerdo al ilícito, una serie de situaciones alternativas no solo para evitar que siga cometiendo delitos sino para evitar que los jóvenes ingresen a la espiral delictiva".
