Diputados de la oposición interpusieron una denuncia penal contra el presidente de Javier Milei debido al inminente Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmaría el Gobierno para sellar un acuerdo con el FMI. La acción busca impedir la publicación del decreto que habilitaría la recapitalización del Banco Central.
Según la acusación, este acto podría configurar un abuso de autoridad y una violación de los deberes de funcionario público, además de infringir normativas constitucionales. La denuncia fue promovida por los legisladores Juan Marino, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio César Pereyra, Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva y Brenda Vargas Matyi, con el respaldo legal de Eduardo Barcesat.
La causa quedó en manos del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°2, a cargo del juez Sebastián Roberto Ramos, mientras que la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°2, liderada por Carlos Alberto Rívolo, será la encargada de la investigación.
En el escrito judicial, los legisladores argumentaron que el intento del Ejecutivo de aprobar el acuerdo con el FMI mediante un DNU vulnera cláusulas constitucionales y contradice la Ley 27.612, conocida como “Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública”.
La presentación también alcanza a otros funcionarios que hayan participado en la redacción y firma del decreto, señalando que este implicaría un nuevo endeudamiento con el organismo financiero internacional en violación de los artículos 75 y 76 de la Constitución Nacional.
Además, sostienen que el accionar del Ejecutivo podría configurar los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tipificados en los artículos 248 y 249 del Código Penal, en concurso con la usurpación de funciones reservadas a otros poderes del Estado.
La denuncia se presentó poco después de que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner cuestionara a Milei en su cuenta de X. En el posteo la exmandataria advirtió: “Estás tan desesperado porque te faltan dólares que vas a hacer un pésimo negocio para los intereses del país”. A pesar de que el decreto aún no fue oficializado en el Boletín Oficial, los denunciantes sostienen que su sola preparación ya constituye un acto ilícito.
En el documento legal, citan el comunicado de la Oficina del Presidente del 6 de marzo de 2025, en el que se anunciaba que “se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dicho acuerdo implica una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”.
Para los legisladores kirchneristas, la denominación del acuerdo es irrelevante, ya que, independientemente de cómo se lo llame, se trata de un nuevo empréstito en moneda extranjera que compromete el patrimonio público y, por lo tanto, requiere la intervención del Congreso antes de su ejecución.
En esa línea, señalaron: “Nos encontramos en pleno funcionamiento del Congreso, por lo que no hay justificación para evitar el envío de un Proyecto de Ley que permita debatir este nuevo endeudamiento”.
