La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, aceptó como querellante a un damnificado en la causa por la criptomoneda $LIBRA, mientras que reclamó a su par porteña María Servini que se inhiba de seguir interviniendo en la investigación y la remita a su juzgado.
Arroyo Salgado planteó un conflicto de competencia, a raíz de una denuncia que se tramita en su juzgado y que fue presentada por Juan Carlos Mussa, en la que ya comenzó a tomar decisiones, entre ellas aceptar como querellante a un supuesto damnificado, Martín Romeo.
Esta persona dijo haber invertido en $LIBRA la tarde del pasado 14 de febrero, tras la publicación de Milei, en su cuenta personal de la red social X, “difundiendo” el lanzamiento.
En la causa penal que tramita en los tribunales federales de Retiro, Servini le había negado el rol de querellante a este inversor y a otros que se presentaron y que apelaron la medida ante la Cámara Federal porteña.
Arroyo Salgado le solicitó a Servini que se inhiba de seguir interviniendo en el caso y le envíe su causa judicial a San Isidro porque considera que el punto de partida del delito posible ocurrió a las 19.01 del viernes 14 cuando Milei escribió el mensaje desde la quinta de Olivos, jurisdicción de su juzgado.
Arroyo Salgado pidió informes sobre dónde estaba Milei en ese horario y la jefatura de la Casa Militar con jurisdicción en la quinta de Olivos respondió que “se hace saber que, de acuerdo a las constancias obrantes en este organismo, el Sr. Presidente de la Nación permaneció dentro de la Residencia Presidencial de Olivos los días 14 y 15 del año en curso”.
"No puedo omitir que -si de buena administración de justicia y economía procesal hablamos- resultaría, desde mi punto de vista acertado, que la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal no se apreste en asumir procesos penales que resultan extraños y ajenos a su territorio, cada vez que se suscita un conflicto que repercute, en términos institucionales, en las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, en ocasión de acciones humanas presuntamente realizadas por sus titulares dentro de la residencia de la Quinta Presidencial de Olivos, ubicada dentro de este ejido territorial", advirtió Arroyo Salgado
El conflicto por dónde se llevará el caso no está definido aún porque el fiscal de San Isidro Federico Iuspa se había opuesto a esta decisión de Arroyo Salgado, por lo cual podría apelarla ante la Cámara Federal de San Martín.
