A una semana de los disturbios en la marcha de los jubilados que se gestó en Congreso el miércoles por la tarde, el gobierno de Javier Milei llamó a una cumbre en Casa Rosada a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para definir cómo será el operativo policial de cara a la movilización de mañana.
La reunión fue organizada por el asesor del Presidente, Santiago Caputo. Duró una hora y media en el Salón Martín Fierro de la sede presidencial. También asistieron el secretario de Inteligencia, Sergio Neiffert, Diego Kravetz, el número 8 del organismo, y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
El operativo del miércoles pasado se cargó a 124 detenidos y 46 heridos, de los cuales uno permanece en estado de gravedad. El fotógrafo Pablo Grillo continúa internado en el Hospital Ramos Mejía, tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, que le provocó pérdida de masa encefálica.
Después de la tensa jornada en la última movilización, el Gobierno seguirá con los controles y el protocolo anti-piquete sigue activo, aunque con la presencia de un juez. El operativo sería similar al de la marcha del miércoles pasado y reforzarán los controles en los accesos a la zona.
Una vez finalizada la reunión, los funcionarios se retiraron de Casa Rosada, y no dieron declaraciones. Se estima que la ministra Bullrich dará los detalles sobre el operativo de seguridad, aunque todavía no hay nada confirmado.
Un juez irá de observador a la marcha
El juez Martín Cormick confirmó que irá como observador de la marcha para determinar cualquier tipo de irregularidad en el despliegue del operativo de seguridad. La decisión se tomó en el marco del amparo que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la Justicia para que no se aplique el protocolo anti-piquetes, aunque éste fue rechazado.
El pedido de la entidad presentó el pedido para que el Ministerio de Seguridad se abstenga en aplicar el protocolo y así evitar nuevos conflictos. Argumentaron que “constituye el respaldo normativo de una accionar de las fuerzas de seguridad que arrojó como resultado cientos de personas gravemente heridas, incluyendo adultos mayores, niños y periodistas”.
El juez federal Martín Cormick rechazó el pedido del CELS porque “conduce a abordar la cuestión de fondo”, por lo que “no corresponde a título cautelar expedirse acerca de ello en resguardo del principio de contradicción que guía a todos los procesos y del derecho de defensa consagrado constitucionalmente”.
