Cuestionada y denunciada, la empresa de capitales venezolanos llegó al país en 2015 y ahora el Estado le adquirió un sistema de control biométrico de electores, que será utilizado en una prueba piloto en las PASO de varias provincias. Cómo fue el derrotero de esta empresa desde su conformación fuertemente vinculada al chavismo. Los escándalos internacionales, de Estados Unidos a Uganda. Su puja local con Indra y el antecedente en Córdoba.
El nombre Smartmatic consiguió relevancia y repercusión internacional cuando directivos de la propia empresa encargada de computar los votos de la elección en Venezuela pusieron en duda los datos de participación electoral que difundió el presidente Nicolás Maduro. La desmentida fue un golpe audaz, ya que, como se verá en esta nota, Smartmatic es una empresa del riñón chavista que ha cosechado cuestionamientos, polémicas y denuncias en sus previas intervenciones en aquel país como en todos los países donde desembarcó, desde Estados Unidos a Uganda y desde Bélgica a la Argentina. Instalada aquí desde 2015, ahora la firma tendrá un rol relevante en las PASO, contratada por el Consejo de la Magistratura con el aval de la Cámara Nacional Electoral y del Ejecutivo. Pero para saber cómo llegó a eso, primero es fundamental conocer su historia, desde su más opaco origen.
Smartmatic fue fundada a fines de los 90 por Antonio Mugica, Alfredo Anzola y Roger Piñate en Venezuela, aunque su domicilio legal original fue fijado en Delaware -considerado en muchos aspectos un paraíso fiscal- y su centro de operaciones en Florida, ambos en los Estados Unidos.
Su primera intervención en procesos electorales se llevó a cabo en 2004, en el referendo revocatorio realizado en Venezuela, donde Hugo Chávez obtuvo un 58% de votos favorables. Smartmatic había recibido siete meses antes un préstamo del gobierno chavista por 200 mil dólares y, por los tres primeros contratos con el mismo, facturó 120 millones de dólares. También recibió otro aporte financiero de 150 mil dólares de la esposa de Didalco Bolívar, por entonces gobernador del Estado de Aragua, a través de la empresa Bizta —creada por Anzola, también en Delaware, un día después que Smartmatic. Luego Smartmatic formó un consorcio junto con Bizta y la compañía estatal de comunicaciones CANTV, cuya constitución fue notariada por Gisela Rangel de D’Armas, hija del por entonces vicepresidente de Venezuela. Al momento de ingresar la empresa en el negocio electoral venezolano, el director del Consejo Nacional Electoral (CNE) era Jorge Rodríguez, quien luego sería vicepresidente y actualmente se desempeña como alcalde del Municipio Libertador de Caracas.
En 2005, Smartmatic adquirió la empresa estadounidense Sequoia Voting Systems, con la intención de ingresar a ese mercado. Sus vínculos con el chavismo despertaron las sospechas del gobierno de los EE.UU., que quedaron reflejadas en un cable de julio de 2006 –filtrado por Wikileaks– enviado por la embajada estadounidense en Caracas, en donde concluyen: «Smartmatic es un enigma. La empresa salió de la nada para llevarse un contrato multimillonario en un proceso electoral que en última instancia reafirmó el mandato de Chávez y destruyó a su oposición política». Finalmente, en el año 2007 y luego de una investigación federal, Smartmatic debió desprenderse de Sequoia.
La empresa también abrió oficinas en Curazao, un paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Hacia allí se dirigía en abril de 2008 el avión que transportaba a su cofundador Alfredo Anzola desde Caracas cuando se precipitó a tierra muriendo sus tres ocupantes. Entre ellos se encontraba el piloto Mario José Donadi Gafaro, quién había sido condenado a 3 años de cárcel en los EE.UU. y a 8 años de cárcel en Venezuela, en ambos casos por narcotráfico. Uno de los primeros en llegar al hospital adonde fue llevado el cuerpo de Anzola fue Jorge Rodríguez. El difunto –sospechado de ser «valijero» del chavismo– tenía una relación cercana con su hermana, Delcy Rodríguez, la flamante ex canciller venezolana que ahora preside la recientemente conformada Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.
Delcy es recordada en la Argentina por sus reiterados insultos hacia el presidente Mauricio Macri y por parapetarse para querer ingresar a una reunión del Mercosur a la que no había sido invitada.
En 2008, Smartmatic ingresó al mercado electoral de Filipinas y, a pesar de múltiples advertencias y denuncias sobre los problemas de seguridad de sus sistemas, participó de varios procesos electorales. En junio de 2017, tres ejecutivos de la empresa y varios integrantes de la Comisión Electoral de Filipinas fueron acusados por «acceso ilegal, interferencia en los datos e interferencia en los sistemas», sospechados de haber realizado fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2016. Uno de ellos se dio a la fuga.
Más adelante, la empresa continuó explorando nuevos mercados. Luego de establecerse en Panamá y en Barbados -otros dos paraísos fiscales-, en octubre de 2012 proveyó equipamiento de voto electrónico en la región belga de Flandes con un contrato de 40 millones de euros, pero por las fallas técnicas del sistema fue multada en más de 6 millones. Desde el mismo año Smartmatic provee equipamiento de comunicaciones para la transmisión de resultados electorales en Brasil, y en 2014 se asoció con la empresa Cybernetica que desarrolla el cuestionado sistema de voto electrónico a través de Internet en Estonia.
Mientras tanto, en Venezuela continuaban las sospechas de manipulación electoral. Luego de las elecciones de abril de 2013, en las que Nicolás Maduro se impuso a Henrique Capriles por menos de 235.000 votos, el nuevo presidente venezolano declaraba por cadena nacional: «900.000 compatriotas, ya los tenemos, con cédula de identidad y todo… Y eso, significó que la brecha fuera más corta».
A las dudas que genera el sistema de voto electrónico de Smartmatic respecto de la violación del secreto y de la posible adulteración de resultados, se suman los riesgos del sistema de identificación biométrica por huellas digitales de la misma empresa. La registración de cada votante es informada en tiempo real a un centro de cómputos, de manera que el Gobierno podría disponer de dicha información para optimizar el manejo de su sistema clientelar, incluso decidiendo en qué establecimientos prolongar la votación si fuese necesario.
La empresa se instala en el país
Smartmatic desembarcó en la Argentina en enero de 2015, presentándose a la licitación 2/SIGAF/2015 del Gobierno porteño para proveer el sistema de voto electrónico denominado «boleta única electrónica». Su propuesta se vio perjudicada por no contar aún con la inscripción en la AFIP y la radicación de un domicilio en la Argentina, y fue adjudicada a la empresa Grupo MSA. Smartmatic presentó una apelación que fue desestimada por la Justicia.
La primera participación concreta de la empresa en el país ocurrió en julio de 2015, cuando realizó el escrutinio provisorio de las elecciones a gobernador de la provincia de Córdoba, siendo el único oferente de este servicio, con un presupuesto de 12 millones de pesos que luego fue rebajado a poco más de 8 millones. En dicha oportunidad también se realizó una prueba piloto con su sistema de voto electrónico en las pequeñas localidades cordobesas de La Falda y Marcos Juárez. El operativo electoral fue llevado a cabo por la empresa Correo Argentino, que también había sido el único oferente. El candidato oficialista Juan Schiaretti (PJ) se impuso a Oscar Aguad (UCR) -quien había cuestionado la contratación de Smartmatic– por poco más de 6 puntos porcentuales sin que hubiera denuncias de irregularidades.
Para las elecciones legislativas de 2017, el Gobierno argentino decidió adjudicar tanto el operativo electoral como el escrutinio provisorio a Correo Argentino, ahora dirigida por el ex gerente de Socma Jorge Irigoin. Esta empresa contrató como Director de Asuntos Públicos a Alejandro Tullio, ex Director Nacional Electoral durante el kirchnerismo. Tullio realizó una compulsa de precios privada para la realización del escrutinio provisorio de la que participaron Smartmatic y la empresa española Indra. Finalmente, el contrato fue adjudicado a esta última, como ocurre desde 1997 -casualmente año en que Socma recibió la concesión del Correo Argentino y nombró también a Irigoin como director.
Pero Smartmatic de todas formas logró participar del proceso electoral de este año. Por una iniciativa de la que participaron el ministro de Justicia Germán Garavano y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se decidió la realización de una «prueba piloto» de identificación biométrica en 1.052 mesas de localidades fronterizas de seis provincias.
Para eso, a través del Consejo de la Magistratura se realizó con toda velocidad una licitación que fue adjudicada a Smartmatic. De esta forma, y por la suma de 25 millones de pesos, la empresa venezolana proveyó 1.250 dispositivos con su software de identificación mediante huellas dactilares, similares a los que había utilizado en 2016 en las elecciones nacionales de Uganda. Luego, la Cámara Nacional Electoral mediante una acordada extraordinaria decidió la implementación de este sistema.
La seguridad de los dispositivos, sobre todo en lo que respecta al resguardo de los datos biométricos de más de 240.000 ciudadanos, fue seriamente cuestionada en las reuniones informativas realizadas en la Cámara Nacional Electoral los primeros días de agosto de 2017. Ante el planteo de los dudosos antecedentes de Smartmatic, el Secretario de Actuación Electoral Sebastián Schimmel respondió que la reputación de la empresa proveedora de los sistemas de identificación biométrica no le merecían mayor consideración que la de la empresa proveedora de las urnas de cartón.
En muchos países la selección de proveedores de sistemas informáticos destinados al manejo de información sensible y a procesos críticos está sujeta a rigurosos controles, pero en este caso no se le ha prestado el menor cuidado. También se confió en el mecanismo de cifrado definido e implementado por Smartmatic para la protección de los datos biométricos, que no pudo ser ni siquiera explicado por el personal técnico de los organismos judiciales en las reuniones informativas.
El 30 de julio de 2017 se llevaron a cabo las elecciones para conformar la internacionalmente cuestionada Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Los sistemas de identificación biométrica y de voto y transmisión electrónica fueron provistos, como de costumbre, por Smartmatic. Si bien la cantidad de votantes anunciadas por la CNE venezolana fue de poco más de 8 millones, los cálculos de la oposición, del parlamento y de varios medios informativos no superan los 4 millones. El 2 de agosto, desde las oficinas de Smartmatic en Londres, Antonio Mugica denunció: «estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores«. En las horas previas, se especulaba con que los servicios de inteligencia de varios países tenían evidencia de la manipulación electoral, que sobrepasaría holgadamente el millón de votos reconocido por Mugica.
La simbiosis entre el chavismo y Smartmatic ya no sirve a ninguna de las partes. El régimen ya no necesita de los servicios provistos por la empresa para aparentar elecciones limpias y democráticas, en tanto que para esta última la vinculación con una dictadura resulta una carta de presentación poco atractiva para su participación de los negocios electorales en otros países. Ahora participa de procesos electorales en Argentina.
