Amnistía Internacional publicó su informe anual “Estado Mundial de los Derechos Humanos” y alertó al Gobierno argentino por su “retroceso profundo y acelerado en los derechos humanos durante 2024″. La organización de derechos humanos advirtió que en el primer año de gobierno de Javier Milei, “se retrató un panorama de narrativas violentas, achicamiento de espacios de participación y represión a las voces disidentes”.
En el informe publicado el lunes 28, Amnistía Internacional (AI) enmarcó el fenómeno dentro de lo que llamó “Efecto Trump” y señaló: “El avance global de prácticas crueles que se sucedieron en 2024 está caracterizado por la mezcla de prácticas autoritarias y codicia empresarial”. En este sentido, la organización aseguró que este efecto “atenta contra principios claves como el multilateralismo, el derecho al asilo, la justicia racial y de género, la acción climática y la salud global”.
“No solo está agravando los daños preexistentes, sino que también incentiva al resto de líderes y movimientos anti-derechos a seguir su ejemplo”, manifestó. Amnistía aseguró que estas prácticas estas instituciones “evadieron mecanismos de rendición de cuentas” al “prohibir medios de comunicación, disolver organismos no gubernamentales y partidos políticos, y encarcelar a voces críticas”.
En cuanto a Argentina, AI le dedicó el apartado “12 meses de gobierno, 12 derechos perdidos”. La directora ejecutiva de AI, Mariela Belski, analizó el caso del país y sostuvo: “El deterioro de los derechos no es una metáfora: durante 2024 vimos en Argentina como se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantía individuales”.
El informe destacó especialmente los recortes realizados en servicios esenciales para la prevención de femicidios: una reducción del 42% del personal de la Línea 133; el Programa Acompañar recortó su alcance un 98,63% respecto a 2023. De igual forma se mencionó la escasez de insumos para interrupciones de embarazo y para el Plan de Prevención de Embarazos no Planificados en Adolescentes.
Sin embargo, una de las problemáticas que más preocupó a Amnistía fue “las prácticas autoritarias que amenazan a la convivencia social”. El informe señaló que el Gobierno puso en práctica una metodología de persecución y confrontación violenta contra los disidentes, utilizando el miedo, las noticias falsas y la desinformación para adoctrinar y censurar; atacando la libertad de expresión y el acceso a la información; y reprimiendo a manifestantes pacíficos mediante las fuerzas del Estado.
El organismo ya había cuestionado el “protocolo anti piquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pero durante su informe profundizaron su análisis y aseguraron que “aumentó la represión contra quienes ejercen su legítimo derecho a manifestarse pacíficamente” y que esto derivó en “más de 1.100 heridos, detenciones arbitrarias y ataques a periodistas”.