El 31 de diciembre de 2017 vence la concesión que el Grupo Roggio tiene sobre el servicio de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, y el Gobierno ya sabe perfectamente qué va a hacer: nada. ¿En qué se traduce? En una prórroga y otra licitación sin actores dispuestos a ganar

Fuentes del Gobierno porteño explicaron a #BORDER que el servicio no resulta atractivo para las empresas que se dedican a gerenciar subterráneos en todo el mundo. Es poco rentable: las necesidades políticas y sociales de la coyuntura terminan dejando el precio por debajo de lo que cualquier empresa internacional reclamaría y el sistema tiene un alto grado de conflictividad gremial.

Así las cosas, el único dispuesto a tomar el riesgo es la firma Metrovías, propiedad del Grupo Roggio, que comenzó a operar los subtes el primer día de enero de 1994, al calor de las privatizaciones del menemismo. Después supo sacar tajada de los gobiernos de turno, se benefició con los subsidios del kirchnerismo y tan mal no le fue. En 2012 pasó a la Ciudad y el Gobierno porteño decidió renovar la licitación con las mismas condiciones.

En realidad, el proceso que ahora tiene pensado el oficialismo incluye primero una prórroga y luego una licitación, todo sin que se produzcan grandes cambios.

Es que entre elecciones que van y vienen, el larretismo que gobierna la Ciudad notó que ya no le darían los tiempos para llamar a una nueva licitación que incluya actores internacionales y de peso en el mercado. La idea entonces será primero prorrogar por seis meses más la concesión actual, y el año que viene convocar a una licitación con todas las de la ley.

El problema es que tantearon entre las empresas que se dedican al rubro y no hay mucho interés. Por ese motivo, el proyecto que el Poder Ejecutivo envío a la Legislatura propone una concesión por 12 años, con opción a renovarla por 3 más. “Por menos de 15 años ninguna empresa se arriesga a venir a la Argentina”, contó a este medio una fuente muy cercana a esas conversaciones.

Es un plazo demasiado largo, que la oposición no está dispuesta a avalar. Cuando se enteraron desde el kirchnerismo hasta el espacio que comanda Martín Lousteau pusieron el grito en el cielo y presentaron proyectos propios.

En este momento hay seis iniciativas, además de la oficialista, en la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura, que preside el legislador Diego García Vilas, hombre de Graciela Ocaña y ahora parte del interbloque oficialista Vamos Juntos.

#BORDER tuvo acceso a esos proyectos y todos tienen una idea en común: la reestatización de los subtes, en consonancia con el deseo de los usuarios, según encuestas que la propia empresa estatal SBASE hizo medir.

Mauricio Macri se comprometió a no privatizar nada de lo que ya está en manos del Estado, pero de ahí a volver a estatizar algo que ya está en manos privadas, hay un abismo. Con la venia del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, los hombres del ministro de Desarrollo Urbano y Transporte, Franco Moccia, exploraron la opción de tentar a empresas estatales extranjeras. Pusieron el ojo en Francia, sin resultados.

Si el negocio no es atractivo para los privados tampoco lo es para el Gobierno, así que la opción está descartada. En cambio, la propuesta oficial buscará abrir el juego a otras empresas del exterior, sabiendo que aunque seguramente gane Roggio, estarán en mejores términos para negociar las condiciones de la licitación, en procura de lograr una empresa más rentable de acá a 15 años.

“Antes de fin de año vamos a tratar el proyecto, pero no va a quedar tal cual como se envió, sino que estamos teniendo conversaciones para mejorarlo”, indicó a #BORDER García Vila.

Por supuesto que el tema -al igual que todo el resto de lo que pasa en el país- no se tocará antes de las elecciones, pero hay tiempo hasta el 31 de diciembre para hacerlo. Después de aliarse con las fuerzas de Ocaña y de Elisa Carrió, el PRO tiene por primera vez mayoría propia en la Legislatura, con 31 votos de 60.

Son suficientes para aprobar lo que quiera. Sin embargo, la oposición reclama una mayoría especial de 40 votos, los que se necesitan para modificar todo lo que involucre al espacio público porteño. “Es un servicio público, no un espacio público”, le contestaron desde el PRO.

Veremos cómo sigue la pelea que tomará cuerpo apenas unos días después de las próximas elecciones. Para Rodríguez Larreta todo el proceso parecerá como la norma arbitral no escrita en el fútbol: un famoso siga-siga.