Con la confirmación de que el cuerpo encontrado en el río Chubut es el de Santiago Maldonado y las pericias en marcha, falta dilucidar qué es lo que pasó. #BORDER accedió a los partes de Gendarmería sobre los operativos en la conflictiva Ruta 40. Tensión con los mapuches, piedrazos y errores. Los viajes de Noceti.

«Es Santiago«, soltó su hermano Sergio para confirmar lo que era el peor secreto a voces: el cuerpo hallado el martes en el Río Chubut es el de Santiago Maldonado. Había estado desaparecido durante 78 días. La última vez que el artesano de 28 años había sido visto fue el primero de agosto, luego de un enfrentamiento entre la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen y efectivos de la Gendarmería a la vera de la Ruta 40.

“Pudimos mirar el cuerpo y lo que reconocimos fueron los tatuajes de Santiago, así que estamos convencido de que es él”, dijo su hermano Sergio, mientras en la morgue judicial se comenzaba con la autopsia que para determinar los motivos de una muerte que conmociona y que será clave en para una investigación estuvo signada por acusaciones cruzadas, operaciones mediáticas y políticas. 81 días después se sabe que Santiago Maldonado murió. No mucho más. Pero para determinar el cómo y el por qué habrá que desandar el camino y saber qué sucedió aquel primer día del mes de agosto, y qué hizo la Gendarmería, la fuerza apuntada como responsable por la familia e investigada por la Justicia.

#BORDER accedió al detalle de los movimientos de la Gendarmería durante aquel operativo en que se vio por última vez a Maldonado. Son documentos remitidos por esa fuerza a la Jefatura de Gabinete de la Nación, donde, además, se especifica cuáles fueron los cuatro procedimientos anteriores del Escuadrón 35 de El Bolsón sobre la Ruta 40. Todos signados por una conflictiva relación con la comunidad mapuche del lugar.

Esa información oficial fue entregada por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, a los diputados en su informe de gestión 105 presentado a principios de mes. Lo hizo en un documento PDF de 126 páginas, en el que, ante el pedido de la pregunta 422, el funcionario enumeró todas las participaciones de “represión” o “contención del conflicto social” de la fuerza en el último año y medio en todo el país.

En el listado, elaborado por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, figuran la fecha, la hora, el lugar, el juzgado interviniente de cada operativo y una “breve síntesis de los hechos”, un resumen con indisimulable léxico policial. Cinco de los partes se refieren a intervenciones sobre la Ruta 40, entre los más de 500 informados. El último es también la última vez que Maldonado fue visto con vida.

Ese operativo fue consignado como iniciado el 30 de julio (aunque fue el 31). Sin especificar la fuente de información (“tomose conocimiento” del corte de ruta), el destacamento 34 de Gendarmería va al kilómetro 1848. Prosigue el relato oficial. Los manifestantes “reaccionan violentamente arrojando piedras”. Se avisa al juzgado. Hay otro intento de diálogo “sin resultado positivo”. Luego de leerles por megáfono la orden judicial, “aprovechando que los manifestantes no se encontraban sobre la ruta, desarmaron barricadas, quedando despejada”. Consignan la aparición de un vehículo que fue interceptado por una patrulla a 400 metros. 

Y viene la polémica resolución: “Un grupo de encapuchados cortan nuevamente el corredor vial. Los efectivos haciendo uso racional de la fuerza logran despejar la ruta”. Recién el 12 de septiembre, uno de ellos admitiría que hirió a un manifestante con una piedra, revelación que comenzó a modificar la estrategia de la Casa Rosada ante el caso. “Manifestantes continúan su agresión desde predio lindante”, se agrega y ahí se consignan dos gendarmes “lesionados”. Si bien no los nombran, uno de ellos es Emmanuel Echazú, el único imputado -por un tecnicismo- en la causa y quien habría sido el encargado de hacer el parte. Se sigue leyendo: “Manifestantes escapan nadando por el río Chubut”. Y culmina: “Efectuóse rastrillaje hallando elementos incautados de interés para la causa”. No se detalla cuáles. 

Tampoco consta en la cronología del operativo la llamativa aparición de Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, en plena ruta. La explicación oficial, esgrimida por Bullrich en su comparecencia ante el Senado, es que estaba de paso. Peña también reveló al Congreso los viajes del funcionario desde que asumió: 8 de sus 18 destinos fueron al sur (la rionegrina Bariloche tres veces, otras tres a ciudades de Neuquén y la chubutense Trelew). Cerca de Noceti se abstuvieron de explicarlo. 

En otra página, figura otro escuadrón de Gendarmería que se suma tras el operativo del juzgado de Esquel. El 1° de agosto se consigna al Destacamento IV “La Pampa” a partir del día 2 “y hasta nueva orden”, ejecutará “un dispositivo de seguridad” y “patrullaje preventivo”, con “esfuerzo principal en los centros poblados” para “garantizar el normal desarrollo de las actividades cotidianas, impidiendo alteraciones del orden público y otros delitos”. No dice cuál era el temor. 

El racconto de los operativos de Gendarmería sobre la Ruta 40 comienza el 12 de octubre del 2016 a las 11.25. “Patrulla eventual se apersonó al lugar (a) efectos de constatar corte de ruta pudiendo observar que había vehículos estacionados sobre la cinta asfáltica”, se lee en la descripción. Y sigue: “Momento en el cual el personal es agredidos (sic) por ciudadanos que se encontraban realizado el corte, con boleadoras y gomeras impactando piedras sobre el vehículo, produciendo la ruptura del vidrio de la luneta trasera y abolladura”. Entonces, “el personal se retira del lugar” para “realizar el acta de procedimiento” y “poner en conocimiento” al juzgado. 

Al siguiente mes, el 25 de noviembre de ese año, vuelve a repetirse la misma escena. Siempre según la versión oficial, les arrojan piedras personas “con rostros totalmente cubiertos”, y se alejan. 

El 10 de enero de 2017 todo cambia y emerge una primera reacción admitida de parte de Gendarmería: se anota el allanamiento en la estancia “Leleque”, la estancia principal de Benetton, ordenado por el juez de Esquel Guido Otranto -apartado del caso Maldonado- para “remover los obstáculos materiales” sobre las vías de viejo Expreso Patagónico “La Trochita”. Al ingresar al lugar, personal policial “recibió agresiones”, por lo que se “repele tal agresión utilizando uso racional y gradual de la fuerza pública”. No aclara los alcances de dicha gradualidad; desde la comunidad Pu Lof hablaron luego de “cacería”. Como resultado, dice el parte, “dos sujetos” fueron detenidos. El juzgado a cargo de Otranto finalmente terminaría aceptando que eran tres.  

Luego pasaron los meses, y ya con el frío del invierno patagónico, el 29 de junio de 2017 la unidad de Gendarmería de El Bolsón “tomó conocimiento de que se estaría realizando un corte de ruta”, tal como figura en el informe. La decisión fue enviar a dos patrulleros para que evaluaran lo que sucedía. Allí determinaron que había “entre 5 y 10 personas de diferentes sexos y edades”, lo que significó una extraña falta de precisión al tratarse de un reducido grupo. La protesta era pacífica. “Sólo se permite el paso de vehículos particulares previo a la recepción de folletería en apoyo al ciudadano Facundo Francisco Jones Huala”, en referencia al líder mapuche que había sido detenido un día antes. 

El apellido Maldonado recién aparece en estos archivos el 29 de agosto. Fue en una manifestación en la sede de Gendarmería de Bariloche, a casi un mes de la desaparición del joven tatuador. “Por los casos Maldonado y Huala, totalidad personal permanecieron en apresto dentro de la unidad ya que en el exterior se efectuaron cánticos y muestra artística en contra de la institución”. Agregan que el juzgado local ordenó que “ante cualquier incidente mayor se actúe de oficio”. Al parecer, esa vez, no fue necesario.

Con la confirmación de la muerte de Maldonado, las palabras toman otro tenor.