Hay luz verde en la Cámara Baja para aprobar un proyecto que no permitirá postularse a dirigentes condenados en primera instancia, aunque la condena esté pendiente de apelación. El rechazo del FPV y el acuerdo entre peronistas y Cambiemos para darle una pátina de honestidad a sus listas. Los senadores miran con desconfianza, desde lejos.

¿Condenado? Marche preso. Más o menos así es el proyecto que ya tiene dictamen en la Cámara de Diputados y avanza raudo para convertirse en ley. Sin llamar mucho la atención -por las dudas- pero muy a tono con los reclamos de la sociedad de más transparencia, en la Cámara Baja tratan el proyecto que establece que no podrán ser candidatos los dirigentes condenados por delitos asociados a la corrupción, inclusive si la condena es de primera instancia y aún no está firme.
La propuesta, que cosechó apoyos de todos los bloques salvo del kirchnerismo, se quedó a mitad de camino entre los más laxos y los más duros. “Fue el proyecto posible”, lo describió un diputado oficialista a #BORDER.

Por ejemplo, algunos integrantes de Cambiemos querían que no pudiera postularse ningún “procesado”. Con semejante purismo, desde el presidente Mauricio Macri (asumió la Presidencia procesado en la causa por escuchas ilegales, de la que fue sobreseído días después) hasta la ex presidenta Cristina Kirchner (procesada en Los Sauces, obra pública y dólar futuro), armar cualquier lista sería complicado. Otro proyecto drástico era el de Elisa Carrió, que quería además para los condenados una inhabilitación por 8 años para postularse, y no prosperó.

En el otro extremo, el peronismo y algunos oficialistas habían esbozado la intención de que la iniciativa se limitara a los casos en que ya hay una condena firme. Es decir que no podría postularse sólo el condenado que ya hubiera agotado la última instancia de apelación. Sería una ley sin sentido, que no afectaría a nadie.

Ni muy muy ni tan tan. Los diputados metieron todo en una batidora y armaron un nuevo proyecto, consensuado, que dice que no podrán ser candidatos los postulantes que hayan recibido una condena de primera instancia, es decir aunque todavía no esté firme.

Por otro lado, aclaran que si un tribunal de mayor alzada falla en su favor y anula la condena, desde ese momento podrá postularse libremente. Si ya terminó esa elección, será en la próxima.

A números actuales, esa ley hoy podría impedir la postulación de ex funcionarios ya condenados como Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi o José López.

Lo mismo le pasaría a la ex ministra de Economía Felisa Miceli, condenada por la bolsa de dinero encontrada en el baño de su despacho. O al ex presidente Carlos Menem, que finalmente pudo presentarse en La Rioja a pesar de tener dos condenas en su contra.

En cambio, en casos como los de Julio De Vido y Amado Boudou, por estos días en cartelera por sus recientes detenciones, no fueron condenados en ninguna causa y podrían postularse perfectamente.

“El efecto ahora no va a ser tanto, pero esperamos que el servicio de justicia mejore, y que haya sentencias más rápidas, sea para fallar su inocencia o su culpabilidad”, indicó a #BORDER el diputado de PRO-Cambiemos Daniel Lipovetzky, en referencia a la cantidad de procesados y los pocos condenados que en general hay en la política.

“¿Si estás en el registro de deudores alimentarios no podés ser candidato, pero si estás condenado en una causa sí?”, se preguntó el diputado oficialista, que integra la Comisión de Asuntos Constitucionales que le dio dictamen favorable al proyecto.

Su presidente, el también oficialista Pablo Tonelli, explicó a este medio las precisiones de la iniciativa. “No podrá postularse a cargos electivos ningún condenado por delitos de corrupción, por el tiempo que dure la condena o hasta que una instancia superior la revoque”.
El peronismo, en sus variantes Frente Renovador y Bloque Justicialista, apoyó.

“Todo lo que podamos hacer para castigar a los corruptos y erradicar la corrupción siempre es bienvenido”, indicó a #BORDER el diputado salteño Pablo Kosiner, del Bloque Justicialista.

En cambio, el kirchnerismo, que viene encabezando la lista de condenados por lejos, tuvo una oposición furiosa al proyecto en la Comisión, de boca de la diputada Nilda Garré. “Con 50 años de abogada, de persona que cree en el derecho, nunca vi esta insistencia permanente en el Congreso de ignorar el principio de inocencia, el debido proceso y todas las garantías constitucionales”, se ofuscó. La ex ministra de Defensa en tiempos K dijo que el proyecto y los que van en esa línea son anticonstitucionales y los describió como “muy peligrosos”.

A los efectos prácticos, la resistencia del Frente para la Victoria (FPV) no será suficiente para rechazar el proyecto si mantiene el acompañamiento del resto del peronismo, confirmaron fuentes parlamentarias.
En cambio, lo que pasará en el Senado todavía no se sabe. El bloque peronista que encabeza Miguel Ángel Pichetto últimamente está en sintonía con el bloque justicialista de Diputados. Pero no siempre.

Sin contar, por supuesto, a los kirchneristas que integran el bloque (se descarta su rechazo) también pesa la voluntad de los gobernadores peronistas, que quieren ver la letra chica de lo que finalmente aprueben sus pares para decidir si acompañan o no por medios de sus legisladores.

«No hay nada negociado por ahora en el Senado«, se sinceró uno de los operadores de Cambiemos en el Congreso, que, asimismo, espera que la presión social para que la política abandone sus viejas mañas inspire un gesto en los siempre corporativos senadores. Habrá que ver para creer.