Lo había dispuesto Scioli en octubre de 2014. El plazo vencía en enero de 2015. Nunca se hizo nada. El asesinato del chofer Alcaraz aceleró el plan y reavivó una vieja disputa política. Desde Provincia aseguraron que La Matanza invirtió 0 en seguridad durante 2016.
Hace más de 3 años que todos los micros de corta y media distancia deberían tener cámaras de seguridad. La mora de las empresas y el escaso control del Gobierno saltaron a la luz, nuevamente, frente al fusilamiento del chofer de la Línea 620 Leandro Miguel Alcaraz, padre de dos hijas y con su mujer embarazada.
El gobierno de Scioli estableció dicha obligatoriedad. Pero, paradójicamente, su gestión no hizo nada para materializar lo que establece la Resolución N° 374 de la Agencia Provincial del Transporte, con fecha 6 de octubre de 2014. La misma jamás fue derogada; ergo está vigente. Lleva la firma del entonces titular de dicho organismo, Javier Mazza.
El artículo 1 de esta disposición es clarísimo: «Establecer la obligatoriedad de incorporar videocámaras en el parque móvil de las empresas prestatarias del servicio público de autotransporte de pasajeros urbano de corta y media distancia, en un número de vehículos equivalentes a la cantidad de recorridos habilitados que posea cada Línea, a fin de mejorar las condiciones de seguridad para los pasajeros y el personal. Fijar como fecha límite para el cumplimiento de esta obligación el 1° de enero de 2015«.
Scioli no dispuso créditos para las empresas, ni las intimó para que cumplan con lo que su propio gobierno había establecido. Sólo hizo una prueba piloto. Ahora el ministro Cristian Ritondo dijo que se pondrá en marcha un operativo para dotar a todas las unidades con cámaras. ¿Tarde? Habrá un financiamiento blando por parte del Banco Provincia, informó.
La Agencia de Seguridad Vial de la Provincia no fue desarmada. Todo lo contrario. Con nuevos funcionarios, siguió con su misma impronta y quedó bajo el ala de uno de los ministros más políticos, y el más peronista de todo el gabinete de Vidal, el ex intendente de San Miguel, Joaquín De la Torre.
Ayer Ritondo le puso el cuerpo al tema de las cámaras, cuando el citado organismo es el que debió hacer cumplir la norma. No lo hizo Scioli; tampoco De La Torre. Ritondo se refirió a una ley aprobada el año pasado en la legislatura bonaerense. Como demuestra esta nota, había un marco legal anterior.
Hubo una reunión en Gobernación de la que participó el equipo de Seguridad de Vidal, con el ministro a la cabeza, el diputado Matías Ranzini (brazo legislativo de Ritondo), el titular de Infraestructura, Roberto Gigante, y el presidente del Bapro, Juan Curuchet, entre otros.
«En de los próximas 90 días los colectivos que trabajen de noche deberán tener cámaras y a los 180 días, la totalidad de los 9 mil micros, tanto los 5 mil provinciales como los 4 mil de líneas municipales», sostuvo Ritondo.
El legislador bonaerense Ramiro Guitérrez (FR), habitualmente abocado a los temas de seguridad, observó que «el final del problema es una muerte, que puede estar filmada o no, pero la causa central es que hay muchas armas en manos de los delincuentes. El Estado debe ir por ellas sin demora».
El asesinato de Alcaraz reavivió, además, una vieja disputa partidaria entre el enclave peronista más populuso del Conurbano, La Matanza, y el gobierno central de la Provincia. La intententa Verónica Magario puso el grito en el cielo porque, según díce, Nación le sacó gendarmes y la Provincia le manda menos policías, con menos equipamiento. Desde los gobiernos aludidos la desmienten.
Ritondo intentó evitar la polémica pero recogió el guante: «Lamento que ante la muerte haya una persona capaz de politizar, pero no me extraña de quien viene», dijo, en clara referencia a Magario. Con el correr de las horas, desde calle 6 en La Plata, sede del Gobierno provincial, se filtraron algunos datos: el monto del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad transferido de Buenos Aires a La Matanza es de 239.109.900 pesos, se informó.
Durante el ejercicio 2016, dicho municipio no realizó ninguna adquisición de bienes y/o contratación de servicios relacionados a la Cuenta Afectada con el “Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y Otros Servicios Asociados”. Es decir, Magario utilizó 0% en el año 2016 del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad.
La Matanza tiene 450 cámaras de seguridad instaladas, a razón de 1 cada 4.000 habitantes o 1,3 por km2. De acuerdo a fuentes del gobierno provincial, durante 2016 el municipio recaudó en concepto de tasa de seguridad 22.395.839,81 pesos. Con ese dinero, podrían haber comprado 160 cámaras, remarcaron cerca de Ritondo.
Si bien en las primeras horas del día se concretó la detención de dos personas, «Rodolfito» (17 años) y «El Viejo» (18), acusadas de haber asesinado al chofer, el pase de facturas partidarias sigue abierto. Y la mora con las cámaras de seguridad en los micros, también.
