El senador coincide con su par peronista Pichetto y cree, como juristas, que puede considerarse inconstitucional. Otros en el Gobierno lo cuestionan. El lilito Sánchez, encargado de convencer. La norma fue un caballito de batalla de las promesas anticorrupción de campaña.
Las urgencias económicas han opacado las reformas sobre transparencia que desde el inicio ha encarado la administración de Cambiemos. Sin embargo, el proyecto de ley de Extinción de Dominio, que tiene media sanción y busca que el Estado recupere bienes provenientes de delitos como corrupción o narcotráfico, se encuentra bloqueado en el Senado por desaveniencias en el oficialismo: desde algunos sectores le apuntan a Federico Pinedo por su falta de apoyo a la misma.
Las fisuras en el Gobierno en torno a la sanción de la controvertida ley se pueden resumir en las siguientes posturas: la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sólo quiere aplicarlos para delitos de contrabando y narcotráfico; la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, apoya el espíritu del proyecto que viene con media sanción de Diputados y tiene un enfoque integral y la principal espada PRO del Senado, Federico Pinedo, directamente se opone a la misma.
Es verdad, el presidente provisional del Senado rechaza la normativa con los mismos argumentos del referente del peronismo en esa cámara, Miguel Angel Pichetto: consideran que vulnera los derechos de propiedad (de los acusados) y podría ocasionar juicios cruzados contra el Estado. Pinedo y Pichetto coincidieron en la reunión de este lunes con el Presidente. La urgencia económica hizo que no trataran estos temas.
En el oficialismo explican que ahora la pelota quedó en manos del secretario de Fortalecimiento Institucional, Fernando Sánchez, que tiene la responsabilidad de enmendar el proyecto con media sanción para que sea aceptado por los bloques mayoritarios de la cámara alta y, al mismo tiempo, debatido este año. Claro, deberá unificar posiciones mientras desde algunos sectores del Gobierno le reclaman mayor celeridad.
El proyecto de ley de Extinción de Dominio y repatriación de bienes a favor del Estado que también cuenta con media sanción de la Cámara baja, diferencia la figura de extinción con el decomiso, instrumento que se utiliza para recuperar bienes que cuenta con limitaciones. Además, contempla los bienes que se encuentran en el país y en el exterior, y no fija plazo de prescripción para la extinción de dominio.
Fue uno de las puntas de lanza de la campaña de transparencia encarada por el macrismo a comienzos de 2016, cuando comenzaba a gestionar el Estado y en paralelo esa agenda tuvo su correlato en la avanzada de la justicia contra funcionarios y empresarios kirchneristas acusados por corrupción: así, sin prisa pero sin pausa, cayeron presos entre otros Lázaro Báez y los ex secretarios de estado José López y Ricardo Jaime.
La mencionada norma rápidamente fue aprobada en Diputados. En agosto de ese año el Senado comenzó a debatir esa ley y también la del Arrepentido, que al mismo tiempo habían sido impulsadas desde la Cámara Baja por Sergio Massa, por entonces uno de los líderes opositores. Para tal fin, se llevó a cabo una audiencia pública con la presencia de funcionarios del Ejecutivo y de especialistas letrados.
«Es muy importante que el Ministerio de Seguridad tenga una herramienta para poder extinguir de manera rápida los bienes de los narcotraficantes» para que los mismos «no puedan seguir siendo usufructuados para continuar con el negocio«, declaró en aquella ocasión la ministra Patricia Bullrich.
A su turno, la titular de la OA Laura Alonso detalló que «cuando pensamos en desarrollo y luchar contra la pobreza es fundamental pensar en la lucha contra la corrupción» ya que «la corrupción es criminalidad compleja».
En representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Laura Calógero expuso sobre los puntos referidos a los principios de legalidad, de inocencia y el debido proceso del proyecto de ley de extinción de dominio. “Se debería aceptar la cuestión procesal y no mezclar las cuestiones de fondo y forma”, destacó la letrada.
En aquella jornada, surgieron disidencias sobre la constitucionalidad del proyecto en cuestión. Cerca de Federico Pinedo recuerdan que “la audiencia pública fue contundente en el rechazo” a su viabilidad. Un colaborador de la espada macrista sentenció que “la verdad que en el Senado no están los votos para sacar el proyecto tal cual vino de Diputados” y al recordar las disidencias, advirtió que “hubo muchos constitucionalistas que manifestaron y argumentaron su oposición. No vamos a sacar algo que al día siguiente lo declaren inconstitucional”.
En el Gobierno, no obstante, hay posiciones encontradas: hay funcionarios que consideran a esta ley fundamental para avanzar en la cruzada anticorrupción que, por caso, permitiría recuperar bienes adquiridos durante la corrupción kirchnerista.
En los últimos días cobró notoriedad el estado de abandono del hotel Las Dunas, en las afueras de Calafate, que perteneció a la ex familia presidencial y forma parte de la causa judicial por la que se investiga a Cristina Kirchner, recientemente procesada en la causa Hotesur.
Esta situación despertó ansiedad en algunos funcionarios que desean contar con dicho instrumento legal y, por ejemplo, valoran que Vialidad haya podido incorporar máquinas viales que pertenecían a Austral Construcciones de Lázaro Báez.
Quienes apoyan esta iniciativa minimizan la falta de acuerdo en el Senado: recuerdan que, pese a todo, el 15 de noviembre de 2016 las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara Alta firmaron dictamen, con modificaciones, al texto girado por Diputados.
Por su parte, Silvina Martínez, ex titular de la IGJ y abogada de Margarita Stolbizer en las causas que impulsa contra la corrupción K, admitió que la normativa ha despertado el recelo de algunos juristas pero que, en todo caso, “habría que agilizar los procesos judiciales de las causas de corrupción para llegado el caso no se expropien las propiedades sin condena” y, al mismo tiempo, apuntó contra el oficialismo “ya que utiliza la agenda sobre corrupción con un tinte electoralista y luego la abandona”.
Desde Jefatura de Gabinete, donde hoy reviste Fernando Sánchez, reconocen que “trabajan en cambios” para que se pueda reactivar el proyecto. En privado, Sánchez dice que “ojalá la ley pudiera debatirse mañana mismo” pero ante sus colaboradores pide “no enloquecerse” porque en caso de no ultimar los detalles necesarios tardaría aún más en aprobarse en el Senado.
