Una nueva disposición sacude al Servicio Penitenciario, a las fuerzas de seguridad y trae una polémica que involucra a toda la sociedad. Fechada el pasado 21 de mayo y firmada por el Director General del SPF, Juan Carlos Lafuente, estipula que los agentes pertenecientes a ese cuerpo están obligados a devolver sus armas reglamentarias, que el Estado les proporciona en comodato apenas egresan de la escuela penitenciaria.

Cada agente porta un arma de puño 9 mm que lleva consigo en todo momento. A partir de esta decisión deberá entregarla y, en caso de requerir o necesitar una dentro de su horario laboral deberá solicitarla en el parque armamentístico de cada dependencia donde trabaje. Y luego regresarla.

El documento, firmado por la Dirección del Cuerpo Penitenciario, puntualiza: “Que con el propósito de reducir el circulante de armas en la sociedad civil y prevenir los efectos de la violencia armada, esta Dirección General propicia la restitución de la totalidad del armamento provisto al personal en actividad”. Y agrega: “Que se hace necesaria la implementación de un instrumento para la salvaguarda del patrimonio de la Institución, en lo que a provisión de armamento se refiere, y una restricción de la portación, tenencia y transporte, para contribuir con el bienestar social y así reducir casos de violencia intrafamiliar, interpersonal o abuso en su uso”.

Los penitenciarios deberán desarmarse antes de volver a su casa by DanielSeifert on Scribd

Según un informe realizado el año pasado por el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, en 2017 se contabilizaron 2.252 agentes de la fuerza con investigaciones sumariales por hechos de violencia familiar o de género. En el 13% de esos hechos se utilizó el arma reglamentaria. Además, hubo 8 femicidios cometidos por integrantes de las fuerzas policiales, y en la mitad de ellos se usó el arma reglamentaria.

El caso más resonante se produjo en Santa Fe el 30 de diciembre de 2017. Esa tarde, el suboficial Facundo Solís masacró a su ex pareja y a la familia de ella: su ex suegra, su ex cuñada a su ex hijastra y al novio de ella. El único sobreviviente fue el hijo de la ex mujer, quien resultó herido luego de recibir un disparo. Solís, agente del servicio penitenciario santafecino, no tenía antecedentes penales ni psiquiátricos.

Esta medida tiene consecuencia inmediata a partir de su firma, aunque se prevé un plazo de 15 días para su aplicación, previo a comenzar a regir sanciones por incumplimiento. Según fundamentan en el texto, la norma pretende contribuir con “el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego” que es “impulsado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) –el ex Renar-, el cual se encuadra en la política de Desarme que el Organismo implementa a nivel nacional”.

Hay quien sospecha que uno de los fusibles que motivaron la renuncia de la titular de ese organismo, Natalia Gambaro, fue esta disposición, aunque la funcionaria también recibió duras críticas por contrataciones cuestionadas. Su reemplazo por Eugenio Cozzi al frente del viejo Renar podría, a priori, significar un cambio respecto de la política de desarme. El funcionario es exdirectivo de ALUTARA (Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas) y algunos presuponen que podría plantear una posible marcha atrás en la decisión de devolver las armas, en el futuro.

Voceros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) reconocen la validez del documento pero sus responsables eligen no brindar declaraciones. De todas maneras, no se puede ocultar el malestar de las bases, una disconformidad que no pueden hacer pública. “Es una aberración -desliza una fuente en estricto off- porque la ley orgánica, como es el caso del SPF y de cualquier otra fuerza de seguridad o armada cuenta con ‘estado penitenciario’ las 24 horas del día y los 365 días del año. Es equivalente al estado policial o estado militar según la fuerza”.

Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que integra la Red Argentina para el Desarme, consideran que se trata de un avance: “La medida es altamente positiva y constituye un avance en términos de proteger la vida de civiles y de agentes penitenciarios. Esta disposición no implica ‘dejar a los agentes penitenciarios sin armas’ sino reducir el circulante de armas que tenían a disposición con un control difuso e intentar centralizar el control de esas armas, dejando a disposición del Servicio las armas reglamentarias propiamente dichas”.

Y agregan: “Estas armas que ahora se buscan recuperar constituían un peligro, particularmente, por el uso que los agentes pudieran darle por fuera de las horas de servicio. El peligro no es sólo para la ciudadanía en general, aún cuando la mayor cantidad de civiles muertos a manos de policías se da fuera de las horas de servicio, sino también para el entorno familiar o social del agente, sino incluso un riesgo para ellos mismos”.

De todas maneras, los efectivos sienten que esta disposición los perjudica: “Es un estado instituido por ley. No es posible ni exigible ese estado si el mismo corre por tu cuenta y orden y supeditado a tu solvencia económica para comprar un arma”.

Respecto de este punto, Inecip tiene otra mirada: “Las estadísticas demuestran que la mayor cantidad de agentes muertos por armas de fuego se produce, justamente, fuera de las horas de servicio, en parte por la tendencia a intentar recurrir rápidamente a esas armas al intervenir en conflictos basados en el «estado policial». Limitar la disposición de armas fuera de esas horas permite disminuir las posibilidades de que un conflicto en el que ellos intervengan termine con una muerte, ya sea de terceros o de los propios agentes”.

Los profesionales de Inecip, por lógica, tienen una opinión distinta a la que expresan los penitenciarios, y van más allá al evaluar las prerrogativas que fueron otorgadas a Gendarmería con anterioridad: “Esta medida pone en evidencia el enorme error cometido por la Dirección Nacional de Gendarmería la semana pasada al autorizar a los gendarmes a utilizar sus armas personales o particulares dentro de las tareas de servicio. La disposición del SPF –en cambio- es un buen ejemplo del rumbo que las fuerzas de seguridad deberían tomar, mientras que la decisión tomada por Gendarmería va totalmente a contramano de esta tendencia”.

Autorizan a gendarmes a usar armas particulares. by DanielSeifert on Scribd

Es que mientras desarman a los agentes penitenciarios, cinco días antes -el jueves 17 de mayo- se autorizó al personal de Gendarmería el uso de armas de fuego particulares. Esa medida apuntaría a otra problemática: un intento de regular armas en manos de gendarmes que no estén declaradas. Una especie de blanqueo armamentístico: podrán tenerlas, pero registradas.

La justificación ante los distintos criterios, no obstante, puede radicar en un punto sencillo: los gendarmes cumplen funciones en la calle, los penitenciarios no.