La ex presidenta pidió que declaren todos los ex jefes de Gabinete K y empresarios “arrepentidos” como Wagner y Calcaterra, además de Eurnekian y Eskenazi. También citarán a Stolbizer, Iguacel y hasta Leonardo Fariña. Pero Lilita quedó afuera. Rechazo al pedido de De Vido de contar con un veedor de la CIDH. Pericias sobre 5 obras viales testigo y bibliografía periodística solicitada.
Todos los ex jefes de gabinete del kirchnerismo, Alberto Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Sergio Massa; el ex secretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini; el valijero arrepentido Leonardo Fariña.
También los empresarios Carlos Wagner y Ángelo Calcaterra, entre otros flamantes involucrados en la causa por los cuadernos de la corrupción K del chofer Centeno.
Estos son sólo algunos de los 138 testigos convocados para el primer juicio oral contra la ex presidenta Cristina Kirchner que se iniciará el 26 de febrero por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor de las empresas del detenido Lázaro Báez.
Desde las 12 de ese día y todos los lunes y martes se calcula que durante más de seis meses, el Tribunal Oral Federal 2 juzgará a la actual senadora y a los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner y Lázaro Báez, entre otros procesados por “asociación ilícita”. Con fueros, Cristina no puede ir presa en caso de condena efectiva, pero nada impide que sea juzgada.
Mucho antes de que el juez Claudio Bonadio activase con detenciones y desfile de arrepentidos el escándalo de la causa por los cuadernos de la corrupción del chofer Centeno, todas las partes de este futuro juicio habían ya solicitado testigos y ofrecido prueba ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara.
En ese marco, la defensa de Cristina Kirchner hizo sus propios pedidos: y ahora, terminaron convocados como testigos propuestos por ella empresarios convertidos este último mes en imputados colaboradores confesos de delitos que la involucran en esa otra causa.
Cristina misma pidió como testigos para el juicio en su contra por la obra pública en Santa Cruz al ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner y al ex dueño de IECSA y primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra. El Tribunal aceptó convocarlos. Ambos son ahora imputados colaboradores en el juzgado de Bonadio.
Otro es el también empresario Juan Chediack, este último solicitado por la querella de la Oficina Anticorrupción.
El Tribunal aceptó además llamar al estrado a pedido de Cristina a Enrique Eskenazi y Eduardo Eurnekian, de acuerdo al listado completo al que accedió #BORDER.
La totalidad de los jefes de Gabinete de su gobierno y del de su fallecido marido, Néstor Kirchner, también fue incluída en la nómina a pedido suyo.
Otro testigo previsto es el detenido en la causa por los cuadernos K y ahora acusado por Bonadio de integrar una asociación ilícita junto a la ex presidenta, Rafael Llorens, el ex director de Asuntos Jurídicos de Planificación en la gestión De Vido.
Para los inicios del juicio quedará el debate acerca de si estos convocados –acusados en otra investigación por delitos graves- pueden o no declarar bajo juramento de verdad.
A partir de los pedidos de la fiscalía, las querellas y las defensas de acusados también se citará al entonces titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel, a Margarita Stolbizer y Mariana Zuvic. El Tribunal prevé escuchar además al valijero y «arrepentido» de otra causa, la llamada «ruta del dinero K», Leonardo Fariña.
La que se quedará sin su momento en el juicio es Elisa Carrió, a quien los jueces rehusaron citar al igual que a la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a Fernando Iglesias porque «su intervención se encuentra limitada –al menos la invocada para fundar su citación- al carácter de denunciantes de la causa nro. 15.734/08 caratulada “Kirchner, Néstor y otros s/ asociación ilícita”-, por lo que su aporte puede ser suplido por otros medios y, en consecuencia, resultan superabundantes», argumentaron los jueces.
Los jueces rechazaron además un pedido de la defensa de la ex presidenta para realizar un “complejo estudio pericial a fines de analizar la evolución patrimonial de los titulares, directores y accionistas de ‘los cincuenta contratistas del Estado’ que a lo largo del período 2003-2015 percibieron la mayor cantidad de ingresos en materia de contratos de obra pública financiados con fondos nacionales”.
En la investigación del juez federal Julián Ercolini se procesó a los ex funcionarios y a Báez por el presunto direccionamiento en la adjudicación de 51 obras viales.
Los jueces se rehusaron a citar a Carrió, Iglesias y Patricia Bullrich, denunciantes, en 2008. del inicio de la causa. «Su aporte puede ser suplido por otros medios y, en consecuencia, resultan superabundantes», argumentaron.
El fiscal que actuará en el juicio, Diego Luciani, logró que los jueces cursen un pedido de informes a Vialidad Nacional sobre el estado actual de esas obras.
“En el supuesto de que la empresa contratista no hubiere finalizado las mismas, se informe si se rescindieron tales contrataciones, acompañando de ser así la totalidad de las actuaciones administrativas ligadas a ello e indicando el monto de los costos que pudieren encontrarse vinculados a tales recisiones (p. ej., costos de mantenimiento y conservación de las rutas, etc.)”, pidieron los magistrados al ordenar la llamada “instrucción suplementaria” previa al juicio, entre otras medidas.
Por su parte, el Tribunal ordenó por decisión propia una pericia interdisciplinaria sobre cinco obras tomadas como casos testigos. El estudio se encomendó al Cuerpo de Peritos especializados en casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para elegir las obras se tomó en cuenta el detalle de supuestas irregularidades hecho en la acusación fiscal y la envergadura económica. De este modo se peritarán obras de pavimentación de la ruta nacional 3, de la provincial 47 y la nacional 288, en Santa Cruz.
Entre los puntos de pericia se pide establecer si hubo sobreprecios.
A lo largo del llamado «proveído de prueba» de 84 carillas, se dispuso también pedir a editoriales un ejemplar de los libros “La ruta del dinero K” de Daniel Santoro; “Yo acuso” de Margarita Stolbizer; “Fueron por todo. Historia secreta de la Argentina K” de Nicolás Wiñazki y “El origen” de Mariana Zuvic; y, finalmente, “La dueña” de Nicolás y Miguel Wiñazki, “La piñata” de Hugo Alconada Mon, “10K – La década robada” de
Jorge Lanata y “El dueño” de Luis Majul.
En cambio, se rechazaron planteos para citar periodistas como testigos por entender que basta con incorporar sus investigaciones a la causa.
Entre los pedidos rechazados hubo algunos curiosos como por ejemplo el de pedir informes al Ministerio de Educación de Santa Cruz para determinar si el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, “cuenta con título de educación primaria y secundaria validado por ese organismo”.
A la defensa del detenido De Vido se le rechazó un planteo para convocar a un “veedor” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para seguir el juicio oral.
Este será el primer juicio oral a la ex presidenta, ya procesada y enviada también a juicio por la firma del Memorándum con Irán y la venta de dólar futuro en su gobierno. Ambos debates aún no tienen fecha de inicio.
El próximo 18 de septiembre volverá a Comodoro Py para ser indagada en la llamada “ruta del dinero K”, la causa por lavado de activos que llevó a la cárcel a Lázaro Báez, el dueño de “Austral Construcciones”.
En otro Tribunal, el Federal 4, se prepara el juicio oral contra el empresario, sus cuatro hijos y los demás acusados: se prevé que se iniciará en octubre. Cristina será ahora indagada en esa misma causa por el juez federal Sebastián Casanello, por orden de la Cámara Federal.
La ex presidenta fue indagada dos veces como supuesta jefa de otra asociación ilícita en la investigación por los cuadernos del chofer del ex funcionario Roberto Baratta y en esa pesquisa se esperan inminentes procesamientos.
