Preferencia en las licitaciones, más exportaciones y aumento en la producción local. Esto busca impulsar el Estado nacional a través de la reglamentación de la ley de Compre Argentino. Reclamo de pagos en tiempo y forma. Las cifras que muestran el panorama económico actual.
La inflación y la recesión de la economía hicieron aumentar los costos de producción y caer las ventas de muchas pequeñas y medianas empresas argentinas. Para paliar esta situación y darles un mayor respiro, el Gobierno apuró los trabajos para reglamentar días atrás la Ley de Compre Argentino, que beneficia directamente a las PyMEs, dándole prioridad en las compras públicas y proyectos de infraestructura.
El eje principal de la ley contempla mecanismos para conectar a las empresas locales con multinacionales y mercados de exportación. ¿Cómo funcionará? Entre otros puntos, cuando se liciten bienes no producidos en la Argentina en grandes obras se prevé la obligatoriedad de la participación de PyMEs en al menos un 20% del valor de la licitación. Además aumentará los márgenes de preferencia para darle más lugar a las ofertas de las empresas locales.
“Es un incentivo directo a la producción nacional y la posibilidad de recibir nuevos inversores internacionales”, aseguró ante #BORDER Sergio Drucaroff, subsecretario de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores, del Ministerio de Producción, quien trabajo desde cerca en la confección de la ley. “El requisito de que el 20% de la licitación sea de elaboración local generará que muchas empresas argentinas de repente terminen siendo exportadoras a nivel mundial o que tengan que aumentar la producción en el mercado local”, agregó.
Uno de los proyectos donde ya se puso en marcha la nueva reglamentación es en la compra de 1.500 vagones eléctricos de tren. Desde la cartera que hoy conduce Dante Sica remarcan la importancia de que el 20% de los productos tengan que ser locales. Para este proceso, por ejemplo, realizaron rondas de vinculación para que las empresas licitatorias extranjeras supieran qué elementos pueden aportar las PyMEs locales. Así prevén que funcionen todas las adjudicaciones de aquí en adelante.
“Sabemos que muchas veces las empresas argentinas no cuentan con la tecnología y desarrollo necesario para ciertas obras o licitaciones, pero con estas rondas de negociaciones se determina cuáles serán los productos nacionales que se vayan a utilizar”, agregó Drucaroff sobre la ley que comenzó a gestarse a mediados de 2016 y fue aprobada en el Congreso en abril de este año.
Con respecto al aumento del marco de preferencia –de 7 a 15% para PyMEs y de 5 a 8% para grande empresas-, en término criollo, significa que el Estado está dispuesto a pagar un poco más por un producto local que por uno extranjero. En parte por la producción nacional y en parte porque tributariamente significa prácticamente lo mismo. Algunas de estas regulaciones son utilizadas en países como Estados Unidos, Corea, Israel, México y Brasil, con quienes hicieron trabajos en conjunto.
Aunque la normativa abarca a toda la producción local, desde el mismo Ministerio admitieron que tiene una fuerte orientación PyME, un sector golpeado por los vaivenes de la economía en los últimos meses del año. En la Argentina, las compras públicas representan más del 5% del PBI y el 2,5% del empleo, lo que incentivaría la producción industrial.
“Esto es un paliativo para la situación que están viviendo las PyMEs”, admitió ante #BORDER Pedro Cascales, secretario de Industria de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y quien más de cerca siguió la evolución de esta ley desde el lado empresarial. “Va a permitir tener mejor nivel de competitividad y desarrollar más la industria nacional”, agregó.
Algo que igualmente les inquieta es que al ser una ley nacional, este proceso sólo se aplicaría en las contrataciones o adjudicaciones del Estado nacional y no en las de las provincias. Cada distrito debería adherirse para aplicar las mismas normas en las compras locales. “Hay grandes obras que también son provinciales y es importante que también se acojan a la ley”, explicaron.
Pero las advertencias no quedaron allí. Además de reclamar que el pago a proveedores y productores se haga a tiempo, desde la confederación consideraron que las grandes empresas que tienen participación estatal mayoritaria, como en el caso de YPF, adhieran a los lineamientos de la ley o “utilicen prácticas similares como preferencia hacia las PyMEs nacionales frente a productores de orígenes extranjeros”, puntualizó Cascales.
Al mismo tiempo, si bien el secretario de CAME coincidió en los beneficios que la nueva reglamentación trae para los pequeños productores, trazó una advertencia sobre la economía del país: “Si bien nosotros no cuantificamos la cantidad de empleados o la cantidad de empresas que abren y cierran, sabemos que en último tiempo muchas tuvieron que achicar sus plantas debido al alto costo de producción o al bajo nivel de ventas, que sumado al atraso de pagos, genera mucha incertidumbre y angustia”, explicó.
Según CAME, en julio las ventas minoristas cayeron un 8%, mientras que de acuerdo al Estimador Mensual Industrial (EMI) elaborado por el INDEC la actividad industrial en general se desplomó un 5,7%. Esta caída lo que hizo fue anular todo el avance del sector en los primeros meses del año, llevando el acumulado de la actividad de la industria a 0% en lo que va de 2018. Ambos sectores coincidieron en los beneficios de esta nueva ley. Una recuperación y previsibilidad económica ayudará a generar los resultados esperados.
