El juicio inició sobre Lázaro Báez, su familia y otros acusados, pero aún resta avanzar sobre el rol de la expresidenta y del ex AFIP que encubrió la evasión de Austral Construcciones. La movida de Chueco para anular el juicio con un abogado que lo vio hacer en el caso Amia.
La llamada “ruta del dinero K” comenzó a juzgarse con el empresario de la obra pública K Lázaro Báez y sus cuatro hijos sentados por primera vez ante un Tribunal Oral. Junto al detenido padre de familia, su primogénito Martín y los otros tres hermanos, Melina, Luciana y Leandro, hay otros 20 acusados. Algunos más mediáticos que otros, como el caso del arrepentido Leonardo Fariña o del ex marido de Ileana Calabró, Fabián Rossi.
Pero en la atiborrada sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro faltan aún otros protagonistas del entramado delictivo que, según la Justicia, se montó para blanquear al menos 60 millones de dólares obtenidos de manera ilegal con la obra pública en el kirchnerismo.
Los destinos judiciales de los todavía ausentes en el banquillo de los acusados se definirán en el cuarto piso del edificio de Comodoro Py 2002, sede del juzgado que aún investiga maniobras vinculadas el lavado de activos de los Báez.
Una de estas ausencias es la de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Indagada el 18 de septiembre pasado por orden de la Cámara Federal.
En el juzgado de Sebastián Casanello se trabaja en una resolución que será firmada en breve. Ya sea que se le dicte falta de mérito, sobreseimiento o se la procese, lo resuelto llegará a revisión ante la sala II del Tribunal de Apelaciones, con intervención de los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens, los mismos que ordenaron citarla.
En esos pasillos del segundo piso del edificio, sede de sus despachos, es donde terminará de definirse si la ex presidenta será futura protagonista de un juicio oral por el mismo delito por el que los Báez corren ahora riesgo de recibir condenas de hasta diez años de prisión.
Otros dos ausentes son por ahora el ex jefe de la AFIP en el kirchnerismo, Ricardo Echegaray y el ex responsable de la Dirección General Impositiva, Ángel Toninelli.
Ambos tienen procesamientos confirmados en una causa conexa, la 3215 del 2015, por “encubrimiento agravado” de la evasión impositiva que cometía la empresa insignia de los Báez, Austral Construcciones, y también por “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
Los dos serán enviados a juicio oral antes de fin de año: hasta ahora presentaron sus requerimientos la fiscalía a cargo de Guillermo Marijuán y las querellantes AFIP y Unidad de Información Financiera.
Las defensas de Echegaray y Toninelli van por su segundo pedido de prórroga para entregar su postura al respecto. Una vez que este paso se haya concretado, Casanello resolverá el cierre de la pesquisa y el envío a sorteo de un Tribunal Oral.
Los dos ex funcionarios serán juzgados por maniobras para frenar investigaciones vinculadas a una usina de facturas truchas que habrían disimulado sobreprecios y evasión de impuestos por parte de Austral Construcciones
Por otra parte, la investigación por el multimillonario lavado de activos que estalló con las confesiones mediáticas de los también ahora juzgados financistas Elaskar y Fariña continúa en el juzgado de Casanello, en relación a las financieras que actuaron en las maniobras.
Precisamente también en la causa central, habrá otro juicio oral con directivos de la financiera Provalor y dos ex empleados argentinos del banco suizo Lombard Odier como acusados. Este trámite también está avanzado: la fiscalía, las querellas de la UIF y OA ya presentaron sus pedidos de envío a juicio y ahora es el turno de dar opinión de los defensores.
También para fin de año se enviará el caso a sorteo de un Tribunal, que a la larga y por conexidad podría terminar siendo el mismo que ahora juzga a los Báez, el Oral Federal 4. Los procesados son José Alex Fallas, José Sebastián Jabbaz, Mariano Andrés Rubinowicz, Jorge Horacio Ruiz y Martín Andrés Eraso.
En el juzgado sigue además la investigación sobre otras financieras, en base a la declaración como imputado colaborador de Fariña e informes bancarios llegados desde Panamá y Suiza. Esta parte de la pesquisa apunta a los participantes en las maniobras para expatriar el dinero, explicaron a #BORDER fuentes del caso.
Precisamente este es uno de los aspectos cuestionados ahora por los defensores de quienes son juzgados. “Estamos jugando al gallito ciego”, graficó Eduardo Chittaro, el defensor oficial del detenido abogado Jorge Chueco, al pedir que no siga el juicio oral.
“Hay actividad que sigue haciendo el magistrado instructor en la parte remanente del caso, sigue produciendo prueba” que no se sabe si tiene que ver con la situación de los ahora enjuiciados, argumentó. “El juez de instrucción ya no puede seguir produciendo prueba en la medida que puede impactar en el derecho a defensa”, argumentó.
Y recordó que durante el juicio oral por el atentado a la AMIA, el Tribunal Oral Federal 3 ordenó al ahora destituido ex juez Juan José Galeano que cesara de ordenar prueba sobre quienes ya eran juzgados.
Chittaro algo de eso sabe: antes de convertirse en defensor oficial, fue el secretario de ese Tribunal que anuló la mayor parte de lo hecho por Galeano y absolvió a la entonces llamada “conexión local del atentado”.
