En el gobierno apuestan a que la «división feroz» del movimiento obrero haga perder fuerza al paro del martes convocado por el Frente Sindical que comanda Hugo Moyano pero que no cuenta con el aval de la CGT: en el Ejecutivo sostienen que los trabajadores podrán movilizarse ya que que van a funcionar la mayoría de las líneas ferroviarias y los colectivos.

En medio del tembladeral económico provocado por el alza del dólar y el riesgo país, la administración macrista no luce preocupada por la protesta gremial que se llevará a cabo la próxima semana. Es más el paro convocado para el martes 30 por el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), en rechazo a la política económica, formaría parte del «ruido electoral» que, argumenta el oficialismo, ha provocado la desconfianza del mercado obviando, de esta manera, las inconsistencias de un plan económico que no logra frenar la inflación.

Ante la consulta de #BORDER, un funcionario del área laboral no dudó en afirmar que «la CGT no va a hacer nada ya que ellos (refiriéndose a `Gordos` que dirigen la central) no acompañan la movida del 30. Por eso están débiles y muchos gremios no quieren parar, saben que están flojos en lo jurídico. Además la tienen difícil porque las bases no quieren perder plata o exponerse en esta situación sensible que vivimos en este momento». Con todo, se mostró comprensivo con la protesta que llevaràn adelante el miércoles próximo los gremios del transporte -dicen que no es paro sino una decisión de no trabajar un feriado para que no sea descontado del salario por el Impuesto a las Ganancias-: «el 1º de mayo está lo de la CATT» señaló la calificada fuente sin cuestionar el argumento jurídico de la confederación de trabajadores del transporte que decidió utilizar el Día del Trabajo como no laborable.

Como antes lo hacía con el ex ministro de Trabajo Jorge Triaca y ahora con Dante Sica, a cargo de Trabajo y Producción y otros funcionarios, el Ejecutivo intenta sacar provecho de las diferencias en la conducción del movimiento obrero. La última protesta convocada formalmente por la CGT había sido la movilización del 4 de abril, desde Liniers hasta la avenida 9 de Julio, en contra del trazado económico. Pero esa central mantiene diálogo con el oficialismo.

El armado moyanista, en cambio, no ha logrado forzar una elección para renovar la conducción de la central de calle Azopardo y tensa su vínculo con el gobierno. Cuenta, pese a todo, con la adhesión de algunos gremios del transporte como la mayoría de los aeronàuticos, Vialidad Nacional y algunos portuarios del FeMPINRA cuyo titular Juan Carlos Schmid -ex integrante del triunvirato de la CGT-, mantiene una relación oscilante con el moyanismo: su límite es Pablo Moyano aunque en distintas oportunidades ha expresado la necesidad de implementar una protesta contundente contra el trazado económico del gobierno.

En los hechos, este martes no se plegarán a la protesta los taxistas, colectiveros -salvo los de la línea 60 que tienen una conducción «troska», según una fuente gremial- los ferroviarios -a excepción de la seccional Oeste del Sarmiento, de Rubén»Pollo» Sobrero, medida a la que el gobierno cataloga de «ilegal» porque no la convoca el gremio de la Uniòn Ferroviaria-, y la mayorìa de los sincatos «grandes» que integran la CGT.

Sí no prestarán servicio y se moviliarán a Plaza de Mayo los camioneros, aeronáuticos -«las aerolíneas ya están reprogramando vuelos», admitieron en el ministerio de Transporte-, trabajadores del subte, bancarios, estatales, los mecánicos del Smata, y tendrán el acompañamiento de organizaciones populares -un dirigente hoy recuerda que hace 3 años el moyanismo los llamaban los «sucios» cuando ingresaron al ateneo de Azopardo- que instalarán 200 ollas populares en distintos puntos de las principales capitales.

En este marco, una calificada fuente sindical consultada explicó que «el del 30 es un paro político que expresa la feroz interna entre los `Gordos` de la CGT y los Moyano. Si los ferroviarios se sintieran consustanciados con la medida, se plegarían por ejemplo. Y muchos saben que el moyanismo juega para el kirchnerismo y que hay dirigentes han hecho este vuelco político porque están comprometidos judicialmente».

Los recelos no son nuevos: la CGT no pudo contener las diferentes líneas sindicales desde el inicio del macrismo y con el tiempo ha sufrido el desgaste de su conducción. Cuando Hugo Moyano rompió con la Casa Rosada en noviembre de 2017, surgió la idea de crear una nueva central que, en los hechos, se transformó en un ariete sindical del kirchnerismo. Empero, algunos dirigentes del Transporte, como Schmid, que desean una mayor beligerancia de la central de calle Azopardo, encuentran en la figura de Pablo Moyano un límite para encuadrarse dentro del Frente Sindical.

En en este escenario revuelto que opera el gobierno. Hace un mes el Ejecutivo confirmó la devolución de los $13 mil millones para las obras sociales sindicales y Sica creó un Consejo Diálogo Social que, a diferencia de los impulsados en 2016 por Casa Rosada ahora están bajo el paraguas de la Organizaciòn Intternacional del Trabajo (OIT). Se trata de una instancia de diálogo orientada al futuro del trabajo y está coordinada Josefina Sanz, cercana al ministro. Para ese cargo, quizàs, se esperaba la designación de Lucas Aparicio, secretario de Trabajo y de diálogo fluido con los gremios.

Pero también han surgido roces con los popes de la CGT que se vieron, por caso, en el portazo que dieron los sindicalistas cuando se los convocó al Senado para avanzar con el blanqueo laboral que, postergado, intentará ser retomado más adelante. Esta semana se conoció una nueva intervención de Trabajo, esta vez, al sindicato Unidos Portuarios Argentinos– Puerto del Bajo Paraná y Delta del Paraná, y han designado por normalizador a Luis Enrique Green, cercano a Patricia Bullrich desde los tiempos de la conformación del partido Unión por Todos. Las intervenciones sindicales fueron una de las crìticas màs frecuentes de la central obrera. Quizàs para mitigar ese reclamo, en paralelo se anunció la devolución de la obra social al Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el gremio portuario que conducìa el hoy detenido Omar «Caballo» Suárez, tras tres años de intervención judicial, y tras casi dos desde que logró normalizarse con elecciones que ungieron al moyanista Raúl Durdos como secretario general.