La gestión de Federico Sturzenegger podría considerarse relativamente exitosa hasta aquella fatídica mañana de diciembre de 2017. En aquel momento, envalentonado por la victoria electoral y con el objetivo declamado de “crecer dos años seguidos”, el ala política del Gobierno metió mano en la gestión del BCRA, modificando al alza las metas de inflación anunciadas.

Lo que vino a continuación es conocido por todos: una pérdida de credibilidad que presionó sobre las tasas de interés y una posterior dolarización de carteras de fondos que abandonaron repentinamente sus posiciones en pesos. A las turbulencias de abril, le siguió la renuncia del presidente del BCRA en junio de 2018.

Con la asunción de Caputo se ensayó el primer cambió de esquema monetario. El dólar ya no lo determinaba el libre juego de la oferta y la demanda, sino que el Central se propuso -con poca suerte- domar la escalada de la divisa, que para esos días ya rondaba los 28 pesos.

La presión sobre el dólar no se detenía a pesar de los desembolsos del FMI y eso precipitó la salida de Caputo y su reemplazo por Guido Sandleris. Corría septiembre de 2018 y con el nuevo jefe de la autoridad monetaria se decidió dar por terminada la experiencia de “inflation targeting” iniciada en 2016, dando paso a un esquema donde se controlarían agregados monetarios.

La lógica básica detrás de este enfoque se remitía a un simple “sin pesos en la calle los precios bajarán”. La contrapartida de este cambio de esquema fue el incremento sustancial de las tasas de interés, lo que terminó de comprometer la actividad económica, que ya lidiaba con los efectos de la devaluación y la inflación.

Junto a este cambio de enfoque se implementó una zona de no intervención cambiaria, fijada entre los 34 y los 44 pesos, valores que se irían actualizando mensualmente. Pero meses más tarde, en abril de 2019 se dejó sin efecto esta actualización y se pasó a una banda “congelada” hasta fines del 2019.

Como si la sucesión de cambios y parches no fuera poco, dos semanas más tarde, se anunció que la zona de no intervención (ZNI) dejaba de ser tal, y que a partir de allí la autoridad podría intervenir dentro -y fuera- de los márgenes establecidos. Un verdadero embrollo.

Así las cosas, el principal objetivo de dólar calmo para el año electoral se fue cumpliendo y a pesar de que la inflación no mermó sustancialmente se han vivido meses de relativa tranquilidad financiera.

No obstante, no dejaron de precipitarse “retoques” en el programa: cambios en los requisitos de efectivo mínimo (encajes), tasas mínimas de LELIQ, cambios en la estrategia de intervención en dólar futuro y modificaciones a los montos y frecuencia de las subastas de dólares, por nombrar algunos.

Esta semana se anunció un nuevo cambio. Frente a un exceso de liquidez y viendo que se volvía difícil cumplir con el objetivo de agregados monetarios, el BCRA reemplazó la meta de un promedio mensual a un promedio de dos meses. Como escribió en twitter un experimentado analista de la city porteña: “si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma”.

A esta altura más que un programa monetario la estrategia implementada se asemeja más a un sistema de contención, donde, en un correlato astronómico, la estabilidad cambiaria es el centro de gravedad por donde orbitan las demás medidas. Si las órbitas no muestran los resultados deseados, se añaden epiciclos para hacerla corresponder.

Fuera del ruido electoral, existe creciente preocupación sobre cuáles serán las consecuencias a mediano plazo de la estrategia elegida. No sólo por cuestiones macroeconómicas como la pérdida de competitividad y las tasas reales elevadas sino también por el desgaste en la credibilidad del Banco Central, requisito indispensable para combatir efectivamente la inflación.