Hay un organismo dependiente de Jefatura de Gabinete que, junto a la intervención de la AFI, concentra gran parte de las miradas en el comienzo de la gestión de Alberto Fernández: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe, la ex Onabe). El macrismo relevó casi 80 mil inmuebles bajo su control, en cuatro años subastó a 122, alquiló otros tantos por casi 627 millones de dólares y detectó una flota de casi 26 mil vehículos oficiales en todo el país.

Se trata de una «caja apetecible» que también cuenta con potestad para operar los pedidos de la justicia para rematar propiedades alcanzadas por la extinción de dominio por delitos como el narcotráfico y la corrupción. Por tratarse de un área sensible, en Casa Rosada guardan bajo siete llaves el nombre del encargado de liderarla aunque sostienen que se oficializará con un decreto del presidente en los próximos días.

En este marco, esta semana la administración macrista terminó el balance de gestión de la Aabe, al que accedió #BORDER, que da cuenta de los procesos llevados a cabo por este organismo que tiene a su cargo la administración de los bienes inmuebles del estado nacional en uso, concesionados o desafectados. Y en enero pasado, por medio del decreto 62 el ex presidente Mauricio Macri designó a la Agencia como organismo encargado de administrar y disponer de bienes obtenidos por delitos como narcotráfico, lavado de dinero, corrupción y trata de personas.

De hecho, el gobierno saliente no pudo rematar 32 bienes de la corrupción, entre los que se cuentan departamentos y cocheras del aún detenido Lázaro Báez o propiedades del ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, porque «desde las áreas no llegaron con los tiempos«, según explican; un avión del empresario santacrueño detenido sí ingresó al proceso de liquidación pero no hubo interesados. También llegaron por el mentado decreto de extinción de dominio unos 65 bienes del “clan narco de los Loza”, pero ninguno «se intentó vender«. Se trata de una inacción que resulta extraña aunque vale recordar que el decreto surgió tras el desacuerdo en el Senado y la imposibilidad de sancionar una ley, que había sido tachada de «inconstitucional» por algunos especialistas.

Es por esta controversia y por estar involucrados bienes de integrantes del entorno de la familia Kirchner, que por ahora se hace esperar la oficialización del nombre designado para la institución cuya sede está en el edificio ubicado en la intersección de Ramos Mejía y Del Libertador, en pleno Retiro. Cerca de Alberto Fernández sostienen que aunque faltan ocupar varias dependencias de Jefatura de Gabinete, ese funcionario ya está elegido pero que «lo vamos a dar cuando esté el decreto y el presidente quiera«.

Un nombre que circuló por estas horas es el del intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, aunque un funcionario de Jefatura de Gabinete consultado dijo «no lo veo a Ariel» en ese lugar. Habrá que esperar algunas horas para conocer quién ha sido ungido para ese cargo.

Con todo, se conoció el legado del macrismo en la administración de los bienes estatales: según los servicios registrales de información se relevaron 52.022 inmuebles del estado nacional, 27.064 bajo la órbita del Registro Nacional de Bienes del Estado (Renabe) –en total sumarían unos 80 mil cuando en diciembre de 2015 había relevados unos 19 mil- y 25.994 vehículos oficiales informados. Esta última cifra es inédita y guarda relevancia porque fue pedida por el anterior Ejecutivo cuando en plena crisis de 2018 lanzó un plan de austeridad -que incluía la quita de choferes para subsecretarios y otros funcionarios jerárquicos- y en paralelo se ordenó un arqueo de la flota de rodados que pagaba el Tesoro.

De acuerdo al informe conocido esta semana, para llevar adelante la tarea de registro y sistematización de datos se digitalizaron los legajos de los inmuebles de la Nación y se implementó el Registro de Legajos Multipropósito (RLM) al tiempo que se creó un aplicativo georreferenciado y unificado para toda la actividad inmobiliaria del estado nacional (Siena). “El desarrollo de SIENA y los cambios producidos en el Renabe durante estos 4 años mejoraron cualitativamente la administración del estado nacional en relación a su patrimonio. La Agencia unificó los mapas catastrales de casi la totalidad de las provincias”, indica el trabajo por lo que hoy se puede consultar al “instante”.

Pese a que recibió críticas por la cantidad de subastas de terrenos públicos, la saliente administración del Aabe argumentó que “optó por realizar todas las enajenaciones al sector privado mediante subasta o licitación pública” y mediante la puesta en marcha del sistema electrónico SUBAST. AR para garantizar una mayor transparencia.

Durante la anterior gestión, por la venta de 122 propiedades y el alquiler de 148 contratos, se generaron recursos por 626.069.474 de dólares, según el citado informe, que se destinaron al financiamiento del Tesoro nacional, de obras públicas y la adquisición de bienes de capital de las distintas jurisdicciones. También se avanzó en la disposición de inmuebles mediante transferencia interadministrativa con organismos de carácter público-estatal, como aquellos inmuebles destinados a proyectos sociales como las urbanizaciones de los Barrios 31 y Barrio Fraga o a la construcción de la nueva sede del Banco Central de la República Argentina.

Por otra parte, por el contrato y concesión de desarrollos urbanos durante el período la Agencia dijo haber ganado 1.825 millones de dólares, con la implementación “del sistema E-Recauda, a través del cual se centraliza la gestión de cobros en un aplicativo controlado por el Tesoro de la Nación”, se informó.