La virtual extensión de la cuarentena pone en alerta a los gremios que ya conviven con discusiones internas por reclamos de sus bases por el temor al contagio masivo del coronavirus y a no poder cobrar salarios en abril y mayo a causa del parate económico. Pese a que rige la doble indemnización, también hay denuncias por despidos y el riesgo que se incremente la desocupación en los próximos meses.

La decisión del Grupo Techint de despedir a 1450 empleados de las diferentes obras paralizadas por el decreto de cuarentena obligatoria y la declaración de las obras públicas como tareas «no escenciales» en la economía, generan temor entre los trabajadores y gremialistas.

El obligado acuartelamiento de los jefes sindicales, la mayoría por su edad es población de riesgo, paraliza la rosca y las negociaciones con el gobierno. «Hablan por WhatsApp y están on line. Pero digitalmente nadie quiere arreglar nada. Siempre es mejor el contacto personal«, graficó una fuente sindical consultada.

Cerca del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, admiten que «las conversaciones y contactos son permanentes« pero que «no hay prevista una reunión formal» con la mesa chica de CGT. Evalúan que «la crisis es grave y se evalúa minuto a minuto».

En las próximas horas el presidente Alberto Fernández anunciará hasta cuándo continuará el aislamiento social obligatorio. En el gobierno saben que este cimbronazo no resultará gratis para la economía. Y hay gremios preocupados por los conflictos laborales que se avecinan y también por reclamos de mayores cuidados sanitarios para los trabajadores que no quieren enfermarse por tener que cumplir con su labor diaria.

En los últimos días el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines denunció que unos 60 empleados de la cadena Cinemark Hoyts fueron despedidos. La metalúrgica Aluar redujo su producción a la mitad y licenció al 50% de sus empleados a consecuencia de la cuarentena. También hay alertas por la caída de hasta un 50% en las ventas de las panaderías y empiezan las suspensiones en el sector. Muchas pymes advierten sobre el corte en la cadena de pagos.

En este contexto de ebullición, esta semana se conoció una polémica en el gremio de Aeronavegantes que acusó a la actual embajadora argentina en Rusia y ex titular del sindicato, Alicia Castro, por “desestabilizar con una campaña desinformación pública” los vuelos de repatriación que implementa el gobierno nacional ante la pandemia.

Dirigentes cercanos a la colorada diplomática denunciaron una ola de contagios entre el personal cuando solo hay un caso confirmado. Ahora el freno a los vuelos patrióticos también tuvo un motivo económico: el millonario costo fue alertado a Presidencia desde el Palacio de Hacienda. Pero, en el fondo, el caso esconde el temor de los trabajadores a enfermarse por coronavirus. Es el mismo que se repite en la alimenticia Mondelez (ex Terrabusi), con los trabajadores ferroviarios y los de la primera línea de fuego: los de sanidad e higiene que casualmente están englobados en FATSA, la federa ración donde talla fuerte Héctor Daer, cotitular de la CGT, que por estas horas está recibiendo quejas internas por este fenómeno.

La veintena de agencias de seguridad que tienen sede en el Aeropuerto de Ezeiza también viven momentos de tensión ante la parálisis de la estación con amenaza de cesantías. Las industrias de la alimentación están trabajando sin cesar, pero hay inquietud porque una futura recesión haga peligrar los puestos de trabajo. El titular del gremio, Rodolfo Daer está siendo cuestionado por las seccionales donde mandan las comisiones de izquierda, como Mondalez, donde las bases empiezan a presionar.

La cuestión que tanto Daer como la mayoría de los jefes sindicales están en riesgo por tener más de 65 años. Este grupo lo lidera el histórico titular de Comercio, Armando Cavalieri (85), que tiene a casi el 80% de la actividad «parada» por la cuarentena y tuvo acciones de seccionales opositores para pedir mejor asepsia para los trabajadores, como en Carrefour.

El único que logró presionar al gobierno para una ayuda para sus afiliados fue Pablo Moyano, con su padre Hugo a resguardo, para que los camioneros puedan ser asistidos en los paradores en las rutas. Ese salvataje incluyó video presidencial de apoyo. Pero Camioneros tiene algunos ruidos internos: los recolectores de residuos, también personal esencial y afiliado, reclama mejores medidas sanitarias para su labor nocturna.

Los ferroviarios, también personal esencial, tienen sus reclamos. Otro longevo jefe sindical como Omar Maturano se pasea por algunas seccionales y la sede gremial, de Hipólito Yrigoyen y Combate de los Pozos, desafiando el temor al contagio.

Pero la mayoría de los dirigentes se guardan y suspenden «la industria del cafecito», es decir, las reuniones rosca. Sí hay diálogos con funcionarios. Hace unos días los gremios se comprometieron a prestar sus camas de sanatorios y hoteles sindicales para hacer frente a una eventual emergencia. Y el gobierno, a cambio, se comprometió a liberar hasta mayo unos $7 mil millones para las obras sociales. «Todavía no hay detalle de la forma en que se distribuirán«, dijo una fuente sindical a este medio.

Empero, uno de los dirigentes que negocia la histórica devolución de los fondos, José Luis Lingieri (74), titular de Obras Sanitarias, dijo que sí hubo desembolsos. Aunque admite resguardarse en su casa y trabajar de forma remota con WhatsApp y vía telefónica, en las últimas semanas tuvo entrevistas con el ministro de Salud, el malogrado Ginés González García, y en la Superintendencia de Servicios de Salud. Señaló a #BORDER que en marzo se cobraron $2800 millones como parte de la deuda de las obras sociales, que se están repartiendo insumos y equipamientos a las instituciones y que ya se empezaron a distribuir las dosis de vacuna antigripal.

Sin embargo, Lingieri reconoció la preocupación existente por el pago de salarios y la pérdida de puestos de trabajo. “Lo más complicado son los gremios de la industria por plantas que no trabajan y con el cierre al empresario se le hace cuesta arriba pagar sueldos. La preocupación no es en marzo sino en abril y aquellos que no puedan cobrar cómo van a sobrevivir«, dijo.

En este sentido, comentó un diálogo reciente con el jefe de la Uocra, Gerardo Martínez. «Me dijo que quizás una familia con ingresos por AUH y otros beneficios gane $50 mil en total pero que él tiene trabajadores de la construcción parados sin un mango porque no les pagan. Y esto recién empieza y se va a profundizar en abril y mayo«. Para finalizar reflexionó que «esto es una cadena y hay que ver hasta donde aguanta. La parálisis no la podés extender mucho tiempo porque hay que poner en marcha la economía», y concluyó que junto a otros gremialistas le hacen llegar estas preocupaciones al ministro Moroni.

Por su parte, el exlegislador y dirigente del FIT, Christian Castillo, reiteró el reclamo de la izquierda para que el gobierno decrete la prohibición de despidos y suspensiones sin quita de sueldo o bien envíe un proyecto al Parlamento. «El presidente nos dijo que por ahora alcanza la doble indemnización. Pero desde entones tuvimos despidos en Cinemark, este jueves echaron a 2 operarios de la tercerizada de Aerolíneas, GPS, por pedir alcohol en gel y mascarillas. Algunas empresas despiden y otras no. LATAM ya dijo que va a pagar el 50% del salario. Y otras a lo sumo bancan marzo y después no se sabe«, aseguró.

Por último, el dirigente del PTS indicó que «también hay un aprovechamiento de las empresas para sacar personal. Ahora el estado español estableció la prohibición de los despidos para que el desempleo no se vaya por las nubes. Y acá dicen que no se puede hacer«.