En el gobierno ya estudian medidas para contener el derrumbe socio-económico que dejará la pandemia: conviven ideas que van desde la implementación de un ingreso universal para los trabajadores informales o desempledos que reemplace al actual IFE hasta un pago por un «trabajo social garantizado» en el que trabajan los comités de emergencia de Desarrollo Social y de las organizaciones sociales.
La idea es garantizar un ingreso familiar por sobre beneficios ya instalados como la AUH o ahora el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) que consiste en el pago de $10 mil a un trabajador informal.
Es que tal como como alerta Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluídos) o Agustín Salvia (Observatorio Social de la UCA) la pobreza podría oscilar entre un 45 y un 50 por ciento cuando se agudice la recesión económica.
En el gobierno son varios los funcionarios que toman como referencia los dichos del Papa Francisco sobre la necesidad que los países adopten una renta básica universal para afrontar la crisis devenida del coronavirus. En las últimas horas en España se aprobó un ingreso mínimo vital y en Colombia recién se abrió el debate público para lograr esa reforma.
El lunes, en declaraciones a FM Millenium, el director del Banco Nación, Claudio Lozano -quien en estos días volvió a la agenda pública por su informe sobre las irregularidades en el préstamo que otorgó la entidad creditcia a la cerealera Vicentin, ahora intervenida por el gobierno- cuestionó que al Ejecutivo «le ha faltado profundidad en definiciones para contener la situación social. Se necesita un ingreso de carácter universal como piso para todos, que hoy no llega porque el IFE llega con poco, tarde y no a todos». De alguna manera, el ex economista de la CTA y hoy aliado blanqueó una demanda del sector más progresisita del Frente de Todos.
Al ser consultado por BORDER sobre si estaba en estudio la implementación de un ingreso universal post pandemia que vaya a reemplazar en forma permanente el IFE, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, respondió que «aún no».
«Recién la semana que viene se empieza a pagar el beneficio de mayo» dijo refiriéndose a la segunda cuota de 10 mil pesos que ahora alcanzaría a unas 9 millones de personas.
Es decir, la mano derecha del presidente Alberto Fernández no lo confirmó pero tampoco lo descartó. Otras fuentes de Casa Rosada, en cambio, sí admiten que Jefatura ya planifica una suerte de renta focalizada cuando haya cesado el pago del ingreso familiar de emergencia.
«Estamos viendo la posibilidad que se genere un ingreso compensador. El estado tiene sufiencientes herramientas para hacer cruces y detectar quien necesita una ayuda adicional para poder generar un sustento a su hogar. Puede pasar que un auxiliar de un colegio gane $20 mil y una familia que percibe varias AUH e IFE, al mismo tiempo, $40 mil. Con la base de datos de la Anses y el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) podemos lograr un estado eficiente como dice el presidente», explicó una calificada fuente gubernamental consultada. Y añadió que hay un equipo multidisciplinario de Jefatura de Gabinete abocado a observar el impacto del IFE.
Se trata de una mesa de técnicos, coordinada por la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, enfocada en testear cómo impacta el IFE en los ingresos de la población. De esa mesa también participan funionarios del Anses y del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales -a cargo de Victoria Tolosa Paz, referente de la Mesa contra el Hambre y esposa del amigo presidencial «Pepe» Albistur-, cuyo diagnóstico será clave para definir el ingreso que probablemente reemplazará al IFE hacia fin de año.
Pero en el oficialismo también hay otras miradas. Dentro del ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo, hay varios dirigentes que provienen de de las filas de los movimientos sociales que pretenden tallar en la discusión.
Uno de ellos es Emilio Pérsico, secretario de Economía Social de la carteral y referente del Movimiento Evita -que administra casi medio millón de planes sociales y asiste a unos 1800 comedores y merenderos en todo el país-, que, en diálogo con BORDER, dijo que hay que «evitar la planilla Excel» en el diseño de políticas sociales -en una velada crítica a los funcionarios de Jefatura con uno de los símbolos de la tecnocracia macrista- porque «ese método no daría cuenta de la situación de la pobreza de las familias. No seria real. Para detectar a estos grupos vulnerables, hay que ir a territorio y trabajar con los comités de emergencias de los que no solo forman parte las organizaciones sino las intendencias, las Iglesias y hasta el Rotary Club».
Aunque descartó que en la postpandemia vaya a implementarse una suerte de pago universal en el país, sí se trabaja para que haya una mirada más focalizada. Con todo, recuerda que no sólo el Papa pide por una renta universal sino que otros líderes mundiales platean distintos modelos, uno más general y otro más focalizado.
En este sentido, Pérsico sostuvo que «para el escenario de crisis económica que se avisora, proponemos un ingreso por trabajo social garantizado para quienes puedan incorporarse a un empleo en proyectos impulsados por el estado y también el salario social complementario (SSC que hoy equivale a la mitad del salario mínimo) para quienes ahora sean beneficiarios de Potenciar Trabajo», el programa en el que unificaron los dos planes sociales existentes.
«La AUH o el IFE es tirar al bulto, con esto vamos mas a las que necesidades reales de la gente siguiendo un contacto territorial», concluyó el funcionario, de cercana relación con la Iglesia y uno de los «Cayetanos» que negociaba con el macrismo la ayuda social.
