Argentina debe una fortuna: US$323 mil millones calculado a fines de 2019, que no puede pagar. Ese ha sido el caso durante muchos años. Debe varios miles de millones al FMI y a los tenedores de bonos de diversas formas y tamaños en todo el mundo, particularmente en los Estados Unidos.

El gobierno anunció el martes que llegó a un acuerdo con sus acreedores principales para reestructurar más de US$65 mil millones en deuda externa (o bonos extranjeros) luego de siete meses de negociaciones y plazos cambiantes. Satisfecho, Alberto Fernández evaluó que el acuerdo es un «alivio significativo de la deuda», ajustando las fechas de pago sin aumentar el monto total de capital e intereses a pagar. El acuerdo puede evitar años de exclusión de los mercados de capitales, como sucedió después del catastrófico incumplimiento de 2001 de Argentina.

Ahora el gobierno enviará su nueva oferta a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, donde se espera que los bonistas ratifiquen una alta adhesión, incluso hasta del 90%. Para llegar a esta situación tanto Argentina como los acreedores tuvieron que ceder terreno. Además de ajustar las cláusulas de los nuevos bonos que reemplazarán la antigua deuda en mora para fortalecer las manos de los acreedores en cualquier reestructuración futura. Argentina ajustará ciertas fechas de pago sin aumentar la cantidad total de pagos de capital o intereses que Argentina se compromete a hacer al tiempo que mejora el valor de la propuesta para la comunidad de acreedores, agrega el comunicado oficial.

Los nuevos términos sugieren un valor de recuperación de alrededor de 55 centavos de dólar por dólar, por debajo de los más de 60 centavos solicitados inicialmente por ciertos acreedores, pero que exceden los aproximadamente 40 centavos sobre el valor de recuperación de dólares ofrecido por primera vez por el gobierno.

ENTONCES, ¿CUÁL ES EL ACUERDO?

El fondo de inversión BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo, negoció con el gobierno argentino en nombre de tres grupos de acreedores diferentes a los que, según los informes, poseen más de la mitad de la deuda externa de Argentina. Los tres grupos de acreedores se conocen como el Grupo Ad Hoc de titulares de bonos argentinos (Ad Hoc Group of Argentine Bondholders), el grupo de titulares de bonos de intercambio (Exchange Bondholder group) y el Comité de acreedores de Argentina (Argentina Creditor Committee). Vale la pena agregar que los grupos Ad Hoc y Exchange tienen US$21 mil millones de deuda combinada. Las negociaciones han sido sobre la reestructuración de alrededor de US$65 mil millones en deuda que el estado argentino.

Desde la cartera de Economía admitieron que el nuevo ACC ofrece bonos valorados en aproximadamente 54.5 centavos por dólar. Esa sería una caída modesta de su oferta anterior de aproximadamente 55-56 centavos, pero aún estaría por encima de la última propuesta del gobierno de 50 centavos. El ACC agregó que su oferta dejaría a los acreedores con un cupón promedio ponderado de 3.95% en sus bonos con un máximo de 5%. Los bonos elegibles también mantendrían sus contratos originales, el contrato asociado con el bono, lo que significa que no tendrían garantías legales inferiores.

Bajo los términos del acuerdo con el Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos argentinos, el grupo de tenedores de bonos Exchange, el Comité de Acreedores Argentina y otros inversores, el país va a ampliar su oferta de invitación de la deuda hasta el 24 de agosto, mientras que la fecha de liquidación sigue siendo el 4 de septiembre. El 54.8 centavos por dólar está muy por encima de donde se negocia la mayor parte de la deuda del país, alrededor de 45 centavos en promedio, pero representa una pérdida dolorosa para los acreedores que se apresuraron a prestar hace unos años con la esperanza de que el entonces presidente Mauricio Macri estimularía años de crecimiento.

El acuerdo abre camino para que el país y sus acreedores más importantes obtengan el apoyo necesario para finalizar una reestructuración. Los bonos emitidas en 2005 y 2010 requieren la aprobación de al menos el 85% de los tenedores de todos los bonos afectados para realizar cambios, en comparación con el umbral de dos tercios o 75% de los valores emitidos más recientemente (era Macri).

El acuerdo lleva las fechas de pago de los nuevos bonos a enero y julio a marzo y septiembre, mientras que los pagos de capital comienzan a partir de julio de 2024. Los intereses acumulados también se pagarán en un bono que vencerá en 2029, antes de lo que el gobierno había ofrecido previamente.

Argentina también dice que cambiará «ciertos aspectos» de los términos legales sobre los nuevos instrumentos, conocidos como cláusulas de acción colectiva, para «abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad de acreedores» en el marco contractual, una clave durante las conversaciones.

¿ES IMPORTANTE EL ACUERDO?

El acuerdo es muy importante para el gobierno argentino, ya que significa que el país no quedará excluído de los mercados crediticios internacionales y porque evita el gran daño a la reputación que vendría con un incumplimiento total y abierto.

Cuando Argentina dejó de pagar más de US$80 mil millones de deuda en 2001, dio lugar a años de litigios y casos legales tomados por varios descontentos tenedores de bonos; el Juez Griesa, que embargó la Fragata Libertad, es de los más conocidos. Algunas raíces de la crisis actual se pueden encontrar allí. Los tenedores de bonos finalmente ganaron en los tribunales, lo que condujo a otro incumplimiento en 2014 antes de un acuerdo en 2016.

Entonces, si este último acuerdo es formalizado, significará que los tenedores de bonos han hecho concesiones significativas a Argentina, ahorrando al estado no solo dinero, así como también evitar la ya castigada reputación del país y un lugar en la mesa de préstamos internacionales de crédito. El acuerdo proporcionará al gobierno un alivio de flujo de efectivo de US$39 mil millones en los próximos ocho años.

¿Por Qué ahora?

La pandemia de COVID-19 hizo un acuerdo mucho más probable y necesario desde el lado de los tenedores de bonos, según varios analistas. Argentina ha sufrido una recesión desde 2018 y la pandemia sólo ha empeorado una situación ya grave.

La probabilidad de que los tenedores de bonos tuvieran con éxito un mejor trato era escasa. Una reacción negativa en términos de opinión pública habría sido inevitable si hubieran perseguido al país en los tribunales en medio de una crisis económica que ha causado pobreza y sufrimiento.

Muchos en el gobierno populista argentino, incluido el vicepresidente y ex presidente Cristina Kirchner, tienden a culpar de los problemas económicos de Argentina a los acreedores extranjeros y al FMI.

Para los acreedores, se vería mal si se pregunta en medio de la peor recesión económica desde la Gran Depresión y, una pandemia de por medio, por una cantidad exorbitante de dinero.

¿ES EL FINAL DEL ASUNTO?

Incluso con el acuerdo ahora alcanzado, ciertamente no es el fin de los problemas económicos de Argentina. En lugar de ser visto como una cura, es más bien un vendaje que le da al país tiempo para buscar un tratamiento más duradero para sus enfermedades.

Argentina ahora deberá iniciar conversaciones con el FMI, que le ha prestado al país US$44 mil millones desde una crisis monetaria en 2018, buscando retrasar los pagos de la deuda que vencen en 2021-23, evitando al mismo tiempo medidas de austeridad severas. Probablemente también deba reestructurarse para tener alguna esperanza de devolverlo.

Más allá de los problemas inmediatos de la deuda y la reemisión de la deuda, Argentina tiene problemas económicos básicos que enfrentar. Se espera que la economía del país se contraiga entre 12% y 15% este año y con una crisis monetaria y una inflación en espiral sumada al caos de la pandemia, obviamente no hay un acuerdo único que lo lleve a un lugar seguro. Si bien el futuro post pandémico es incierto para la mayoría de los países, las perspectivas para Argentina, clasificada en el puesto 139 de 141 de países en lo que se refiere a estabilidad económica por el Foro Económico Mundial, se encuentran entre las más precarias, con un camino por delante largo y traicionero.

Postergar pagos también permitirá que el gobierno se concentre en solucionar el resto de los problemas de la economía, que incluyen una de las tasas de inflación más altas del mundo, altos regímenes impositivos, controles de capital que han llevado a un tipo de cambio oficial muy sobrevalorado, donde el peso argentino ha perdido más de la mitad de su valor en solo unos años y una recesión que ahora está bien avanzada su tercer año. Argentina ya estaba luchando con una profunda recesión y una enorme carga de deuda cuando estalló la crisis del coronavirus, lo que hizo que la economía cayera en picada y complicara aún más el enfrentamiento con los tenedores de bonos.

El país debe hacer todo lidiando con su estricta cuarentena Covid-19, que tiene desde marzo. A pesar de relativamente pocos casos de virus en Argentina, el bloqueo estricto aplastó una economía ya frágil, mientras que el gobierno ha impreso el dinero sumado a la falta de acceso al crédito, avivando los temores de una mayor inflación en el futuro.

Argentina está sangrado dólares preciosos, incluso con controles de capital establecidos que mantienen el tipo de cambio oficial del peso sobrevaluado mientras el tipo de cambio libre no oficial sube.

El Banco Central ha dicho que podría aliviar los controles de capital una vez que se resuelvan las conversaciones sobre la deuda, y los argentinos se están preparando para que el gobierno devalúe el tipo de cambio oficial para alentar las exportaciones y atraer más dólares a la economía. Las reservas internacionales de Argentina rondan el mínimo de cuatro años, totalizando menos que cuando el programa del FMI comenzó en 2018.