Mientras aún se escuchan las sirenas de los móviles de la Policía Bonaerense que sorprendieron con una protesta por la falta de aumento en sus haberes, hay un tabú que ensordece el reclamo de otros trabajadores estatales: los gremios que agrupan a los agentes de la administración pública nacional denuncian que este año no obtuvieron un ajuste, que el Ejecutivo mantiene «suspendida» la paritaria y que por «responsabilidad social» no han llevado a cabo protestas pero que no las descartan cuando amaine la emergencia sanitaria. Desde Jefatura de Gabinete, en tanto, aseguraron que los jefes sindicales ya están «al corriente» que en octubre» se sentarían a discutir una eventual recomposición.
A diferencia de otras épocas, hoy los sindicatos más «oficialistas» están englobados en las CTA y no en UPCN, que concentra a la mayor cantidad de afiliados entre la planta estatal. Mientras la CTA de los Trabajadores, que comandan Hugo Yasky y Roberto Baradel, se muestra alineada a las políticas oficiales, la CTA Autónoma, que conduce Hugo «Chachorro» Godoy, acompaña pero con una visión más crítica. Con todo, en los últimos días este nucleamiento sindical se llevó la promesa de parte de la cartera sanitaria de que el bono de $5 mil a los trabajadores del sector de la salud se extendería hasta fin de año.
Lo cierto es que el jueves pasado el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, nuevamente recibió en su despacho a Yasky y al también titular de Suteba. Justamente el dirigente docente dijo a este medio que durante la reunión se trataron temas generales, que el aumento paritario no fue uno los tópicos sino la implementación de «comités mixtos» con «pequeños productores y pymes» para avanzar en una una postergada demanda del movimiento obrero: la conformación de Consejo Económico y Social. Este órgano, una promesa de campaña del oficialismo, estaba destinado a fijar no sólo las condiciones en materia laboral y sino también a dirimir disputas entre entre trabajadores y las patronales.
Por lo bajo, los gremialistas admiten que ni el macrismo se animó a congelar salarios durante todo un año y que, a la fecha, el único avance conseguido ha sido la posibilidad de regularizar a decenas de empleados que llevan años siendo precarizados. «Tenemos las manos atadas. Por responsabilidad en medio de una pandemia no podemos movilizarnos y hacer un paro. Pero seguimos pidiendo aumento», dicen desde la CTA referenciada en Godoy.
En Jefatura de Gabinete aclararon que los pase a planta permanente de los trabajadores se están tramitando vía concursos en el marco de un proceso que recién finalizará en 2021. «Venimos conversando con los gremios y saben que en octubre nos sentaremos a discutir la pauta salarial«, explicó Ana Castellani, secretaría de Empleo Público de Jefatura.
Los gremios remarcaron que hasta el momento el Ejecutivo no aceptó discutir la suba en los sueldos y que, salvo el bono de enero pasado de $4 mil otorgado para salarios menores a $60 mil, no fue concedido ningún otro suplemento. La negociación colectiva está «en un cuarto intermedio» pero muchos sospechan que será aplazada hasta el año próximo. «Y si te llaman en octubre para decirte que te dan un 15% de aumento en enero tampoco serviría», cuestionó una fuente sindical gremial.
Otro jefe sindical consultado, en tanto, deslizó que el eventual aumento salarial no lo «decide (Ana) Castellani» y que es el presidente Alberto Fernández quien definirá si corresponde o no dar un ajuste salarial este año. La semana próxima el Ejecutivo girará a Diputados el proyecto de Presupuesto 2021 con la pauta de ese año pero en los gremios insisten que lo adeudado durante el corriente corre por un carril separado.
Para contrarrestar la intransigencia oficial, adujeron que que hay provincias que ya otorgaron aumentos a estatales, como Formosa y San Luis. Esta semana, asimismo, se conoció la decisión del gobierno de Santa Fe de pagar por cuatro meses un bono con la promesa de retomar las negociaciones en diciembre próximo. En Ciudad de Buenos Aires «ya están negociando» una recomposición luego del reclamo de Sutecba, el sindicato con más afiliados, y algunas fuentes se ilusionan que llegue una propuesta de mejora antes que la de Nación. Como ejemplo, citaron que la administración de Horacio Rodríguez Larreta en marzo pasado otorgó un 3% de suba, como «un gesto» hacia la planta estatal porteña.
Por lo pronto, la CTA Autónoma comenzó con una metodología «light» de protesta, cursando comunicados a las autoridades nacionales para que retomen el diálogo. Algo similar, pero más generalizado, había llevado a cabo la semana pasada UPCN enviando a ministros y secretarios una nota planteando la necesidad de una urgente recomposición salarial.
Al respecto, Andrés Rodríguez, titular del gremio, dijo a #BORDER que «hay una posición rígida de la Nación de no otorgar aumentos cuando muchas provincias ya lo han hecho, con la posibilidad que pueda desencadenar un conflicto. Hemos cursado estas notas y veremos qué pasa ahora».
En este sentido, en el gremio esperan que para octubre surjan novedades tras esta suerte de presión epistolar que, con todo, fue difundida por redes sociales. Más allá de las amenazas de eventuales protestas, la emergencia sanitaria impediría se produzca un clima de abierta confrontación. Pero el malestar crece: desde junio cuando se constituyó la paritaria estatal los trabajadores sólo han obtenido «cuestiones menores» como la aplicación de regímenes de licencia y la efectivización de personal.
Rodríguez es integrante de la mesa chica de CGT. Con buen vínculo con el presidente Alberto Fernández, la central obrera aún espera una nueva convocatoria a la mesa tripartita -estado, gremios y empresas-, que tuvo una primera cita hace dos meses en la sede de Sanidad. En esa ocasión, funcionarios como la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, prometieron que las partes podrían participar del gabinete económico que todos los miércoles sesiona en Casa Rosada bajo la tutela de Cafiero. Pero aún no fueron invitados.
