Un debate que parecía residual emergió en poco tiempo del ámbito académico y se coló en las esferas de poder con la misma virulencia con la que la pandemia de coronavirus alteró la vida cotidiana en la Argentina. La pérdida de puestos de trabajo registrados (200.000 desde febrero) y la imposibilidad de ganarse el pan para aquellos que viven en la informalidad abrió la discusión: ¿hay que garantizar un ingreso básico sin contraprestación alguna para todos, por el mero hecho de ser ciudadanos?

Ni bien el Gobierno confirmó allá por marzo que pagaría por única vez un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para sostener ingresos en la población impedida de continuar sus labores por el aislamiento, algunas organizaciones sociales cercanas al kirchnerismo comenzaron a reclamar su continuidad en el tiempo y su formalización como una renta básica universal.

La “solución imprescindible” para la salida de la crisis, fogoneada por figuras del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), pasaría por asegurar una transferencia económica por parte del Estado a todos los habitantes a fin de otorgar «un piso económico mínimo para garantizar el ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución».

Nombres propios (y enfrentados)

La propuesta del Movimiento Argentino por el Ingreso Ciudadano – Eclosionar no se queda allí, sino que un mecanismo de recaudación que pone la mirada sobre los mayores productores de riqueza, en sintonía con el proyecto de impuesto a las grandes fortunas que fogoneó el diputado Máximo Kirchner con el banquero Carlos Heller.

La idea incluso entusiasmó al Papa Francisco. El domingo de Pascua, el pontífice dio a conocer una carta enviada a dirigentes sociales, y opinó que “tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique las nobles e insustituibles tareas que realizan”.

Para decepción del Papa, del dirigente Juan Grabois y del asesor presidencial Leandro Santoro -que auspició incluso un debate al respecto en la Legislatura porteña- el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, tiró por la borda cualquier posibilidad porque “la Argentina no está en condiciones económicas ni fiscales para establecer un ingreso universal de base”.

Arroyo, cuya gestión quedó severamente cuestionada por los sobreprecios que se pretendían pagar para abastecer con alimentos a los comedores al inicio de la pandemia, perdió la batalla que pretendía librar con el ala más fiscalista y productivista del gabinete, especialmente el ministro de Economía, Martín Guzmán, que pretende reducir paulatinamente el déficit de las cuentas públicas, pero también el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aconsejaban desistir de tal idea por entender que el problema fundamental de la economía es crear empleo formal, y alegaban que la Argentina ya tiene un tejido de protección social suficientemente amplio para contener a los impedidos de trabajar a través del sistema de pensiones y jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), y planes de terminalidad educativa como el de las becas Progresar.

Por si fuera poco, el ingreso universal quedó herido de muerte cuando el secretario del Movimiento Evita y encargado de organizaciones territoriales del PJ, Emilio Pérsico, que hoy funge como secretario de Economía Social, sopesó que “la renta básica y todas esas pelotudeces que se dicen, en realidad terminan desordenando a la sociedad”. Por el contrario, Pérsico abogó por encontrar mecanismos para generar trabajo.

El director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, estimó que la salida de esta crisis “tiene que ser creando trabajo en la economía social y popular”. El académico dijo a #BORDER que “en tanto podamos dinamizar el mercado interno y crear valor también en el sector exportador, al tiempo que promovemos el crédito y el desarrollo de pymes que incorporen a los 180.000 jóvenes que al año necesitan incorporarse al mercado de trabajo, e invirtamos en desarrollar empleos entre los pobres, vamos a poder ir erradicando la pobreza multidimensional”.

Salvia considera que el ingreso básico (y la versión vernácula, el IFE) es una herramienta transitoria que vino a cubrir necesidades económicas en situaciones de emergencia, pero no pueden durar todo el tiempo porque empodera consumidores pero no genera valor ni produce riqueza, y por tanto genera presión en la demanda de bienes que nadie está produciendo, alimentando así la inflación.

Sintonía fina en la ayuda social

En efecto el IFE, que permitió evitar que unas 3 millones de personas cayeran por debajo de la línea de pobreza al comienzo de la pandemia, resultó ser un placebo del que el Gobierno no tiene claro de momento cómo salir.

Cuando Alejandro Vanoli en su corto mandato al frente de la ANSeS anunció su lanzamiento, esperaba que entre 3,6 y 4 millones de personas solicitaran la ayuda. Sus cálculos fallaron groseramente al procesar más de 10 millones de solicitudes y finalmente comprometer al Estado a abonar $ 10.000 a los casi 8,8 millones de beneficiarios finales, entre los que se cuentan asalariados informales, desocupados, empleadas domésticas, monotributistas de las categorías más bajas y receptores de la AUH.

La actual titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, ha tenido que responder con la millonaria caja del organismo en tres ocasiones, cediendo más de $ 265.000 millones hasta ahora. La dirigente de La Cámpora habló hace pocos días del tema y confirmó que se está evaluando «si existe un cuarto pago o se avanza en otra políticas sociales de acompañamiento con otras perspectivas«.

Teniendo en cuenta el enorme esfuerzo fiscal y el impacto que la emisión monetaria podría tener en la aceleración de la inflación hacia fin de año, el Gobierno pretende acotar el gasto en protección social ligado a la pandemia, y focalizarse en la inserción laboral de los que perdieron su fuente de ingresos. Se trata de unas 3 millones de personas a las que podría continuar asistiéndose hasta tanto rebote la economía.

Aunque el programa involucra a varias carteras con incidencia en la economía real, el caballo de batalla es el programa Potenciar Trabajo, con el que el Gobierno aspira a financiar la contratación de hasta 500.000 personas que están en la informalidad, cediendo hasta $ 20.000 millones hasta fin de año para que provincias y municipios los empleen en la recolección de residuos, la agricultura familiar, pequeñas obras de saneamiento y construcción y el cuidado de personas. El año próximo, ese programa contará con $ 112.000 millones.

La otra carta fuerte es Argentina Construye, el plan con el que el Gobierno girará $ 29.000 millones a provincias, municipios y organizaciones para que pongan en marcha obras de vivienda, infraestructura sanitaria y equipamiento urbano, con mano de obra radicada en los lugares a intervenir. Por el lado del sector privado, el Gobierno espera que el plan Precios Cuidados para la Construcción caliente la demanda de materiales que mantendrán su valor final, e incluso tendrán descuentos del 20% para solicitantes de créditos personales en el marco del Plan Procrear.

En el mismo sentido, y para frenar la caída de los puestos de trabajo, el Gobierno prometió convertir en subsidio los créditos que comenzó a otorgar a partir de la cuarta ronda del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP 4) para el pago de salarios. Los préstamos con tasa subsidiada se condonarán en parte si la compañía incorpora su plantilla, algo difícil que se generalice en lo inmediato.