La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia por espionaje ilegal realizado sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan entre enero y junio de 2018, cuando el submarino aún estaba desaparecido.
De acuerdo con el documento, que fue presentado este miércoles ante la Fiscalía Federal Nº 2 de Mar del Plata, las tareas “no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”.
“El material acompañado demuestra que la Agencia Federal de Inteligencia hizo inteligencia sobre familiares, amigos y allegados de los tripulantes del ARA San Juan, y ello por el solo hecho de pertenecer al colectivo de familiares de las víctimas del hundimiento”, indica el texto.
A partir de la denuncia, el fiscal Daniel Adler, solicitó la citación a indagatoria del jefe de la Delegación Mar del Plata de ese momento; del exdirector de Reunión Interior; de la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani; del exdirector general del organismo, Gustavo Arribas, y del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, “en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política Política de Inteligencia Nacional».
El hundimiento del ARA San Juan
El submarino ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017. A bordo de la navegación, se encontraban 44 tripulantes. La Argentina emprendió la búsqueda, con el soporte de la comunidad internacional. Finalmente, un barco de la empresa Ocean Infinity, localizó el ARA San Juan un año y dos días después.
Por el hecho, fueron procesado por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, seis altos mandos de la Armada Argentina, por el delito de «estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea». Se trata de Jorge Sulía, exjefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; Héctor Alonso, exjefe de Estado Mayor del COFS; Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; y Eduardo Luis Malchiodi, exjefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
Además, los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio, y les trabó embargos que van entre los 2 millones a los 3,5 millones de pesos.
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