La última semana de septiembre marcó el regreso de Alberto Fernández a su rutina de trabajo en la Casa Rosada tras seis meses recluido en Olivos. Una seguidilla de malas noticias -caída profunda de la economía, suba de la pobreza e indigencia- y errores propios lo obligaron a barajar y dar de nuevo para no quedar a merced de lo que él y su entorno llaman “los poderes fácticos”.

A esos poderes el presidente sentó a la mesa en los últimos días, para asegurarles que tiene el bastón de mando y, por tanto, no hay algo así como un comando bifronte con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. También, para asegurarles que el impuesto a las riquezas será ley, salvo que los mismos empresarios alcanzados traigan una propuesta superadora que le permita al Estado recaudar $ 300.000 millones extra en 2021.

Entre almuerzos en Olivos y charlas en su despacho de la Rosada, Fernández atendió en persona en los últimos días a Luis Pérez Companc, CEO de Molinos Río de la Plata; Luis Betnaza, mano derecha de Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint; Roberto Murchison, presidente de IDEA; Sergio Kaufman, manager de Accenture; Martín Migoya, CEO del unicornio Globant, y Roberto Urquía, magnate detrás de Aceite General Deheza (AGD).

De todos ellos escuchó reparos al “Aporte Extraordinario Solidario” (AES) que militaron el banquero y diputado Carlos Heller, Máximo Kirchner y figuras del peronismo de las provincias, los gremios y la Izquierda “para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Sostienen que el gravamen a aplicar es inconstitucional y de carácter confiscatorio. El mandatario sorteó el escollo asegurándoles que no está en sus manos detener la iniciativa parlamentaria en curso, aunque les propuso que acerquen ideas para financiar el déficit del Estado, que el año próximo será de 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y demandará $ 1,7 billón de pesos.

Una tajada millonaria

El proyecto de ley que el pasado 25 de septiembre obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados pretende alcanzar a todas las personas y las sucesiones indivisas cuyos bienes superen los $ 200 millones (aproximadamente u$s 25 millones), calculados al momento de promulgarse la ley. El producto de lo recaudado irá en 20% a la compra o elaboración de equipamiento médico y sanitario; otro 20% a subsidios a mipymes; otra porción semejante a financiar las becas Progresar; un 15% al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) que administran los movimientos sociales dentro del Ministerio de Desarrollo con el objetivo de urbanizar villas, y el restante 25% a programas a financiar obras de exploración y explotación de recursos naturales de la firma estatal IEASA[1]–

Según los datos que la AFIP envió a la Cámara de Diputados, y a los que accedió este portal, el impuesto a las grandes fortunas alcanzará a las 9300 personas más ricas de la Argentina. Es el 0,2% de la población, y el 0,8% de los contribuyentes que pagan el Impuesto sobre los Bienes personales.

El pronóstico de recaudación potencial calculado por el fisco lleva a concluir que las 9300 personas alcanzadas por el impuesto deberán ceder $ 307.000 millones. Cada una aportaría, entonces, en promedio $ 33 millones. Sin embargo, la distribución no es homogénea ya que la alícuota varía cuanto mayor es la fortuna; por lo tanto, unos 253 millonarios con bienes declarados en el exterior y en el país realizarían el 50% del aporte total, debiendo entregar $ 606 millones cada uno.

La oposición cerró filas con el establishment

Juntos por el Cambio, en tanto, presentó un dictamen de minoría para rechazar el proyecto por entender que será contraproducente para la reactivación económica que la Argentina necesita empezar a transitar.

La coalición parlamentaria estimó que “los tributos deben guardar particular cuidado de evitar que la detracción no impida el desenvolvimiento de las actividades productivas en el marco de su propio potencial”, y advirtió que este impuesto vuelve a gravar lo que ya está afectado por Bienes Personales.

“Argentina es el único país que no toma en cuenta -en este tipo de impuestos- el pasivo que puede afectar a los bienes (patrimonio neto), por lo que en realidad grava solamente el activo sin tener en cuenta las deudas que este soporte. Ello potencia el quantum del impuesto, haciéndolo extremadamente gravoso y potencialmente confiscatorio”, destacan en su argumentación.

En igual sentido se expresó la Unión Industrial Argentina (UIA), de la que participan muchos de los hombres más poderosos de la Argentina. La gremial empresaria lo rechazó por entender que “terminará descapitalizando a empresas que invierten, producen y sostienen el empleo en un contexto de emergencia sanitaria”. Para las grandes factorías, el proyecto debería diferenciar entre los patrimonios personales formados por empresas, máquinas e inversión tecnológica en el país de los formados por activos financieros o inmuebles.

Saliendo al cruce de estas interpretaciones, la AFIP y los diputados del Frente de Todos sostienen que el 42% del patrimonio de los sujetos alcanzados por el Impuesto a la Riqueza se compone de activos y bienes dolarizados, que en su gran mayoría (92% del total) están alocados en el exterior.

“Quien conoce el mundo de las empresas sabe que las inversiones no se realizan con el patrimonio de sus accionistas, sino con créditos tomados en el sector financiero. El aporte de  ninguna manera afecta planes de inversión, y en muchos casos implicará que una persona simplemente traiga al país activos financieros que tiene en el extranjero”, explicó el diputado Itaí Hagman, uno de los impulsores del impuesto.

Toma sin daca

De los múltiples análisis que se pueden tejer sobre la finalidad del impuesto y el universo alcanzado, uno pone particularmente la atención en el esfuerzo que el Estado -como sociedad organizada- ha tenido que hacer para contener las consecuencias negativas de la pandemia. A fines de septiembre, el Gobierno llevaba volcado en las provincias más de $ 667.224 millones en concepto asistencia social (mediante Aportes del Tesoro Nacional (ATN), refuerzos alimentarios, bonos extraordinarios el IFE), y otros $ 619.000 millones para el pago parcial de los salarios y subsidios de tasas para empresas, en el marco del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Precisamente a través del Programa ATP, el Estado evitó que las empresas impedidas de operar por las restricciones de circulación se vieran forzadas a despedir personal, y “acolchonó” la caída en la demanda, limitando desbalances que llevaran a la quiebra, como sucedió en sectores puntuales para los que no alcanzó, como el transporte aerocomercial y algunas actividades ligadas al entretenimiento o el consumo masivo.

Algunos hombres de negocio así lo reconocieron y lo manifestaron públicamente. Claudio Belocopitt respaldó el impuesto a los ricos y consideró que “si se pide un aporte extraordinario a los que más pueden en un contexto de esta dificultad, personalmente no tengo dudas de que es lo correcto”. El CEO y dueño Swiss Medical y la Clínica y Maternidad Suizo Argentina, a la vez accionista del canal América, tiene razones de sobra para decirlo: su prepaga es la segunda empresa que más ayuda recibió del Estado para el pago de salarios a través del ATP: fueron 8494 empleados en abril, y 7429 en junio. Tomando como referencia la asignación promedio pagada por cada trabajador, estimada en $ 21.426 según el Ministerio de Desarrollo Productivo, Belocopitt recibió un alivio de al menos $ 515 millones a la hora de pagar sueldos.

También Javier Madanes Quintanilla, dueño de la fábrica de neumáticos Fate y la productora de aluminio Aluar, también respaldó la iniciativa oficialista al declarar que él y su entorno tienen “una gran predisposición para hacer un esfuerzo personal”. Madanes había advertido en abril que no podría pagar los sueldos en Fate, y el Estado salió en su auxilio desde entonces para cubrir los sueldos de 1900 empleados de la planta de San Fernando por al menos $ 122 millones.

Sin embargo, otros hombres y mujeres de negocios con grandes fortunas y que también se beneficiaron de la asistencia en pandemia no muestran igual nivel de apertura y disposición. Según pudo establecer #BORDER a partir de datos públicos, una veintena de los empresarios más ricos de la Argentina recibieron ayuda estatal en la emergencia sanitaria y, por ahora, son renuentes a colaborar con un esfuerzo pecuniario.

En este batallón aparecen Paolo Rocca y su familia, poseedores de una fortuna estimada en u$s 3400 millones, según el ranking de la revista Forbes; Julio Fraomeni, tenedor de u$s 710 millones; Carlos Pedro Blaquier, dueños de Ledesma y u$s 490 millones; Felipe y Marcela Herrera Noble (u$s 530 millones) en tándem con Héctor Magnetto (u$s 320 millones) por el lado del Grupo Clarín, y Nicolás “Nicky” Caputo, primos y hermanos tenedores de acciones de Mirgor y la otrora constructora familiar, vendida hace pocos años a TGLT.

El listado de ricos -famosos y rebeldes- que serían alcanzados por el Impuesto a las Fortunas continúa con las herederas de Amalia Fortabat, Bárbara Bengolea de Lafuente Ferrari y Amalia Amoedo de Lafuente; el hotelero David Sutton Dabbah; el “zar del juego” y socio de Cristóbal López, Ricardo Oscar Benedicto; el ensamblador de electrodomésticos Rubén Cherñajovsky (Newsan), Enrique Eskenazi y compañía, y los hermanos Daniel y Pablo Lucci, de Citrusvil.

Todos los mencionados recibieron un alivio financiero de parte de un Estado endeudado, en el momento más acuciante del capitalismo moderno desde la crisis de 1929. Paolo Rocca percibió asistencia para Techint y Ternium; Fraomeni, para Galeno; Magnetto y los hermanos Herrera Noble, para GC Gestión Compartida y AGEA S.A.; los Blaquier, para Ledesma; los Eskenazi, para Petersen, Thiele & Cruz y Qualia; las herederas de Fortabat, para Loma Negra y la Fundación ArteBA; Cherñajovsky para su ensambladora Newsan; los Sutton, para el exclusivo Hotel Alvear. Cierra Nicky Caputo y familia con su fábrica fueguina Mirgor.

Con todo, la crema de la crema se opone a la iniciativa, y asegura que acudirá a la Justicia para que esta dirima e última instancia si el proyecto no peca de inconstitucional. Allí el Gobierno tiene un frente complicado tras embarrar la relación con los magistrados con la remoción de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, cuyo futuro está en manos de una Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos miembros están cada vez más enfrentados con el Ejecutivo.